La Fiscalía ha señalado a congresistas de diversas bancadas, incluido el presidente del Congreso, de haber votado en ciertos casos, como el de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) o Zoraida Ávalos, a cambio de recibir beneficios en investigaciones fiscales. La presunta organización criminal liderada por Patricia Benavides ha salido a la luz, revelando cómo al menos 11 congresistas de diferentes partidos recibieron ofertas de los exasesores de la suspendida fiscal para intercambiar impunidad por votos en el Legislativo.
En este escándalo, destaca la participación de Alejandro Soto, presidente del Congreso. Las diligencias preliminares, iniciadas el 8 de enero, están a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, bajo la dirección de la fiscal suprema Delia Espinoza.
Según el documento de la investigación preliminar, Patricia Benavides es señalada como la presunta líder de esta red, mientras que sus exasesores Jaime Villanueva, Miguel Ángel Girao y Abel Hurtado son considerados sus «operadores» en el Legislativo. Los cargos contra Benavides incluyen organización criminal, falsedad ideológica, cohecho activo específico, tráfico de influencias, cohecho pasivo específico, encubrimiento real y personal.
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El documento detalla que los colaboradores de Benavides «facilitaban el apoyo» a los parlamentarios en investigaciones en su contra, a cambio de que votaran a favor de los temas de interés de la organización. Entre los objetivos de la presunta red se encontraba «desestimar denuncias constitucionales» contra Benavides y influir en la elección del defensor del Pueblo, la remoción de Zoraida Ávalos y la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La investigación implica a congresistas de diferentes vertientes políticas, incluyendo al titular del Parlamento, Alejandro Soto, quien, según el testimonio de Jaime Villanueva, habría recibido instrucciones para agendar la moción de remoción de los integrantes de la JNJ por pedido de la exfiscal de la Nación.
En respuesta, Soto ha negado las acusaciones, calificándolas como «falsas informaciones». Otros congresistas, como Patricia Chirinos, José Balcázar, Katy Ugarte, Luis Cordero Jon Tay, César Revilla, José Jerí y José Williams, también están implicados en este caso, con acusaciones que van desde prevaricato hasta solicitudes de archivar investigaciones a cambio de votos.
El documento de la investigación también detalla acciones ilícitas para inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, con presuntas negociaciones con miembros del Bloque Magisterial. Estos eventos arrojan luz sobre un escenario complejo de corrupción y manipulación en el ámbito legislativo, que está siendo investigado por las autoridades pertinentes.
