La Contraloría General, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, determinó pagos irregulares por concepto de aguinaldos y bonificaciones a personal con cargo de confianza y dirección derivados de pactos colectivos durante el período de enero de 2021 a julio de 2023, pese a que no les correspondía. Esta situación generó un perjuicio económico a la comuna de S/ 139 476.
De acuerdo con el Informe de Control Específico N° 007-2023-2-2413-SCE, se efectuaron dichos pagos por concepto de aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad y bonificaciones de refrigerio y movilidad, familiar y escolaridad por encima del importe legal establecido.
También se pagaron bonificaciones por incremento de costo de vida, cierre de pacto y adicional de vacaciones. Incluso, estos aguinaldos y bonificaciones fueron pagados hasta por el monto obtenido mediante negociación colectiva, pese a estar excluidos constitucionalmente del derecho de sindicalización y, por ende, de percibir estos beneficios derivados de los pactos colectivos.
Este hecho transgredió lo establecido en el artículo 42° de la Constitución Política del Perú vigente y el artículo 40° de la Ley n.° 30057 Ley del Servicio Civil que excluye a los funcionarios públicos, directivos públicos y los servidores de confianza de los derechos de sindicalización.
Dicha situación se concretó por la actuación de la responsable y encargados de Remuneraciones, subgerentes de Recursos Humanos y subgerentes de Contabilidad, encargados de la cadena de pago de las bonificaciones y aguinaldos, al haber solicitado certificaciones, emitido planillas, memorándums, informes y/o proveídos que fueron base para el trámite efectuado para el otorgamiento de beneficios económicos a este personal al margen de la normativa.
Como resultado del control posterior, se identificó la presunta responsabilidad civil y/o administrativa de 13 personas (funcionarios y exfuncionarios ediles), entre las cuales 12 estarán sujetas a la potestad sancionadora de la Contraloría.
Por ello, se recomendó al titular de la entidad, Órgano Instructor y Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República las acciones que correspondan.
