En lo que va del 2024, el Despacho Presidencial ha desembolsado S/ 771,000 para la defensa legal de la presidenta Dina Boluarte y otros ex altos funcionarios, la mayoría investigados por casos de corrupción. Este monto ha generado polémica debido a la creciente lista de exfuncionarios que se benefician de la Ley Servir, que permite que el Estado peruano cubra los costos legales de aquellos investigados por actos cometidos durante su gestión.
Juan Carlos Portugal, el abogado que reemplazará a Mateo Castañeda en la defensa de Dina Boluarte, también fue contratado para representar a Luis Nava, ex secretario general de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, quien está bajo investigación por lavado de activos en el caso Odebrecht. Portugal recibirá S/ 200,000 por este trabajo.
La Ley Servir, promulgada en julio de 2013 durante el gobierno de Ollanta Humala, establece que los exfuncionarios públicos pueden solicitar que el Estado cubra los gastos de su defensa legal. Según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), además de Luis Nava, los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, también investigados por el caso Odebrecht, están utilizando este beneficio.
Dina Boluarte, quien actualmente enfrenta una investigación por genocidio, no es ajena a este privilegio. Según la información de Seace, Joseph Campos fue contratado por S/ 180,000 para su defensa.
¿Qué es la Ley Servir y por qué permite que el Estado pague la defensa de exfuncionarios?
La Ley N.° 30057, conocida como Ley Servir, tiene como objetivo mejorar la eficacia y eficiencia de las entidades públicas del Estado, asegurando servicios de calidad mediante un mejor Servicio Civil. Un artículo clave de esta norma permite que aquellos que hayan trabajado en entidades públicas reciban defensa y asesoría legal pagadas por el Estado, en caso de ser investigados por acciones realizadas durante su mandato.
Este artículo estipula que «las entidades públicas deben otorgar la defensa y asesoría a los servidores civiles que ejerzan o hayan ejercido funciones y resuelto actos administrativos bajo criterios de gestión en su oportunidad». Así, figuras como Pedro Pablo Kuczynski y el expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, también han solicitado que el Estado cubra sus gastos de defensa.