A fin de procesar rápidamente a aquellas personas que comenten delitos en flagrancia y emitir sentencias en un máximo de 72 horas, contribuyendo a reducir el índice delincuencial en Piura, el Poder Judicial avanza con la implementación de la Unidad de Flagrancia en Piura.
Así lo evidenció el consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Carlos Zavaleta Grández, junto con el secretario técnico de la Comisión Nacional de Implementación de las Unidades de Flagrancia del Poder Judicial, Edman Rodríguez Vásquez, quienes se reunieron con los operadores de justicia de la jurisdicción.
Tras la reunión, Zavaleta Grández destacó que, en Piura, existe voluntad de los operadores de justicia para integrar la unidad de flagrancia, lo cual es fundamental para su óptimo funcionamiento.
“Ahora se vienen los procesos de selección para contratar personal e implementar con la logística necesaria para que el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía y Defensa Pública puedan ejercer de manera adecuada su labor. Con esos insumos, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial determinará la viabilidad de la implementación de la Unidad de Flagrancia en Piura, que se tiene prevista para el próximo 14 de octubre”, afirmó Zavaleta Grández.
Del mismo modo, el consejero supervisó los ambientes donde posiblemente funcione dicha unidad, evaluando la disponibilidad de espacios, adecuaciones y accesos para la operatividad de la unidad.
En la reunión participó la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Piura, Claudia Morán Morales de Vicenzi; la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, Sofía Milla Meza; el jefe de la Región Policial, general Manuel Farías Zapata; el director distrital de la Defensa Pública, Pierr Adrianzen Román; así como, jueces superiores, especializados y funcionarios.
Como se recuerda, en la Unidad de Flagrancia de Piura, que tendrá competencia en Piura, Castilla, Catacaos y Veintiséis de Octubre, se atenderán procesos de delitos comunes como hurto, robo, conducción en estado de ebriedad, lesiones por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, entre otros.
También, se trata de un sistema que permite descongestionar la incidencia delictiva de bagatela, permitiendo que los operadores de justicia den una respuesta oportuna a la ciudadanía.
