Con 15 votos a favor y 12 en contra, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la polémica Ley de Amnistía que dispone la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del año 2002, cuando en el Perú entró en vigencia el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. A pesar de que esta norma estaría yendo contra las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), siete partidos políticos del Congreso dieron luz verde para que la ley fuera aprobada en segunda votación.
Ahora, el Poder Ejecutivo, liderado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, deberá promulgar o restituir la Ley de Amnistía al Parlamento, donde se podría promulgar por insistencia, sin contemplar los daños diplomáticos y de relaciones comerciales que sufriría el Perú con el resto del mundo.
El politólogo y profesor de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas, indicó que cuando un país se adhiere a una convención internacional lo hace «de buena fe», por lo que una sanción económica o militar no existiría, pero sí habría implicaciones políticas.
«Perú ha sido un incumplidor crónico de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que podría generar implicaciones políticas muy serias para el Estado. La primera es que nos van a colocar en el rubro de países que desacatan las convenciones internacionales. Nos pondrán al nivel de Nicaragua, Venezuela», explica.
Lo segundo es que, al aprobar esta ley, no solo se está chocando con la CIDH, sino también con el sistema universal de las Naciones Unidas, lo que podría ocasionar una repercusión mayor, ocasionando dificultad en el ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
«La OCDE en sus informes ha señalado que es muy importante la separación de poderes y el respeto a los derechos humanos».
Por su parte, el politólogo y profesor de Ciencia Política de la UNMSM, Alejandro Mejía, señaló que «es preocupante que una medida promovida con ciertos intereses del Congreso pone en cuestionamiento cuál es nuestra posición frente al respeto y al derecho internacional».
«Las sanciones que podrían venir (con la Ley de Amnistía) pueden ir desde las políticas, como la expulsión del Organismo de Estados Americanos, hasta cuestiones jurídicas y económicas. Nos pondría a un nivel de países que actualmente están aislados del sistema, como: Venezuela, Cuba y Nicaragua», argumenta.
Al igual que Cárdenas, Mejía también indicó que esto afectaría directamente a la adhesión del Perú a la OCDE, pues uno de los condicionamientos que deben tener los países para pertenecer a la organización es «velar por la democracia, las instituciones y cuestiones vinculadas a los derechos humanos».
Cárdenas indica que es muy difícil que el Ejecutivo observe la ley, pues existiría una alianza tácita entre el Legislativo y el Ejecutivo. Sin embargo, argumenta que existe la posibilidad de aplicar un control de convencionalidad por la misma inaplicabilidad por parte de los jueces y fiscales. «Quien debería dirimir ese tema sería el Tribunal Constitucional, quien anteriormente ya había fallado señalando la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad».
Por otro lado, Mejía señaló lo siguiente: «Va a ser muy interesante la posición que pueda tomar el Poder Judicial. Si bien, existe la salida de una observación por parte del Ejecutivo, esto nos deja con un escenario muy impredecible porque el Ejecutivo se ha mantenido en silencio en muchas medidas que el Congreso ha ido promoviendo durante estos últimos meses».
