La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura exhortó al Gobierno Regional de Piura a atender con celeridad la implementación de un plan de contingencia que permita garantizar el derecho a la educación de más de mil estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público (IESTP) Almirante Miguel Grau, ubicado en el distrito Veintiséis de Octubre, luego de que el local en el que estudiaban fuera desocupado en 2022 para el inicio de obras de reconstrucción.
Según explicó el jefe de la Oficina Defensorial de Piura, César Orrego, han transcurrido dos años desde que se iniciaron las obras y aún no se ejecuta un plan de contingencia, lo que impide que se destine el presupuesto apropiado para garantizar aspectos como el pago de alquiler de los inmuebles donde han sido trasladados provisionalmente los estudiantes, así como la dotación de materiales de estudio, entre otras necesidades que permitan asegurar el dictado de clases en condiciones óptimas.
Así lo expresó Orrego durante la reunión que sostuvo con representantes de la Unidad Ejecutora de Institutos Superiores de Educación Pública del organismo regional, que se desarrolló para abordar una solución oportuna ante esta problemática, que se originó luego de que el local al que debían trasladarse transitoriamente los estudiantes fuera ocupado por otra institución educativa.
El representante de la Defensoría del Pueblo explicó que, debido a la falta de disponibilidad de terrenos para la implementación de aulas provisionales, las autoridades regionales optaron por el alquiler de locales para garantizar la continuidad de los cursos propios de carreras como contabilidad, electricidad y electrónica industrial, entre otras.
No obstante, muchos de estos alquileres han vencido o están por vencer, lo que podría afectar el derecho los jóvenes a recibir educación en locales adecuados para su proceso de enseñanza y aprendizaje.“Instamos al Gobierno Regional de Piura a acelerar las gestiones administrativas para revertir la situación de afectación del derecho a la educación, respecto del derecho a disponer de una infraestructura adecuada y segura para el desarrollo de clases, lo que viene afectando a más de mil alumnos”, expresó Orrego.
Finalmente, resaltó la importancia de que el órgano regional garantice que los ambientes temporales habilitados para el dictado de clases cuenten con los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad, además del mobiliario adecuado.
