El Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial que se incremente a 20 años de prisión la condena impuesta al excongresista Freddy Díaz, luego de ser hallado culpable de violación sexual. La víctima, una trabajadora de su despacho congresal, lo denunció por este grave delito en julio de 2022.
La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal expresó su disconformidad con la sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema el pasado 19 de agosto, que condenó a Díaz a 13 años y cuatro meses de prisión. Según el Ministerio Público, la pena impuesta está por debajo del mínimo legal, y argumenta que hubo una «deficiente valoración probatoria y motivación incompleta». El exlegislador fue encontrado responsable del delito de violación contra una persona impedida de dar su libre consentimiento debido a incapacidad para resistir.
Aumento de la reparación civil y apelaciones
Además del pedido de aumentar la pena de prisión, la defensa legal de la víctima también ha solicitado un incremento en el monto de la reparación civil. Inicialmente, se había fijado en 352,197.39 soles, pero ahora se busca que se eleve a 752,197.39 soles como compensación por los daños sufridos.
Por su parte, la defensa de Freddy Díaz también ha presentado un recurso de apelación con el fin de que se declare «nula» tanto la condena como la reparación civil impuesta a su cliente. La defensa argumenta que se deben respetar los derechos y garantías del acusado y solicita una nueva sentencia.
Decisión pendiente de la Corte Suprema
Ante estos tres recursos de apelación presentados, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema resolvió el 18 de septiembre «conceder» su revisión y remitirlos a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Esta instancia deberá decidir si admite los recursos a trámite y, de ser así, convocará a una audiencia virtual para evaluarlos con la participación de las partes involucradas antes de emitir una decisión final.
Mientras tanto, Freddy Díaz permanece recluido en el Penal de Lurigancho, donde enfrenta las consecuencias de este proceso penal que sigue en desarrollo. El caso ha generado gran interés público y se espera que las próximas decisiones del Poder Judicial marquen un precedente en el tratamiento de los casos de violencia sexual en el Perú.
Este complejo proceso judicial continúa siendo monitoreado por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes reclaman justicia para la víctima y un endurecimiento de las sanciones contra los agresores.
Fuente: RPP
