En una reciente entrevista para Canal N, el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, expresó su rechazo al controvertido proyecto de Ley de Terrorismo Urbano, que busca tipificar delitos con penas que oscilan entre los 20 y 30 años de prisión efectiva. Mita considera que esta propuesta es «ajena al derecho» y presenta «claros tintes políticos». Además, calificó como «altamente peligroso» el uso del término «terrorismo urbano» para referirse a delitos comunes como el sicariato y la extorsión.
Una ley con connotaciones políticas
Durante la entrevista, Isaac Mita destacó que los debates en torno a esta ley han sido amplios y que, aunque se ha recogido un consenso para un mejor análisis, sigue siendo una propuesta que, según él, no está alineada con el Código Penal actual. «Los debates que habido y casi la mayoría por consenso, se ha recogido las opiniones y se ha considerado en el cuarto intermedio para su mejor análisis (…) es una figura ajena al derecho, tiene una connotación política relacionada con la lucha de la toma del poder. Como verás, esta edificación que se quiere dar no concordaría con nuestro Código Penal», sostuvo Mita.
El congresista subrayó también el peligro de retomar términos como «terrorismo», que evocan estigmatización y violencia, y que fueron utilizados durante los años del conflicto interno en el Perú para etiquetar y perseguir a diversos sectores de la población. «Anteriormente en los años 90 o hace pocos años atrás, se ‘terruqueaba’ y se asesinaba a mucha gente y con ello yo creo que es altamente peligroso usar este término para delitos comunes como una figura dentro un Código Penal y esto traería mayores conflictos sociales porque no va acorde a la realidad de nuestro país ni al derecho», agregó.
¿Qué propone la Ley de Terrorismo Urbano?
El proyecto de Ley de Terrorismo Urbano busca modificar el Código Penal peruano introduciendo el término «terrorismo urbano», con la intención de sancionar delitos como el sicariato y la extorsión con penas que van desde los 20 hasta los 30 años de prisión efectiva. Además, se propone la eliminación de beneficios de reducción de pena para los condenados por estos delitos.
Sin embargo, la iniciativa ha sido objeto de duras críticas, especialmente por una medida que podría generar impunidad en el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP). En caso de ser aprobada, esta disposición trasladaría la investigación de abusos cometidos por las fuerzas del orden durante el estado de emergencia al fuero militar, excluyendo al Ministerio Público del proceso.
Impacto en la libre protesta y derechos civiles
Uno de los aspectos más polémicos de la Ley de Terrorismo Urbano es su potencial impacto sobre el derecho a la protesta. Según el texto del proyecto, se podrían imponer hasta quince años de prisión a aquellas personas que cometan actos contra el libre tránsito de la ciudadanía o que interfieran con el funcionamiento de los servicios públicos. Este tipo de acciones, que han sido frecuentes en las manifestaciones recientes en el país, serían tipificadas como actos de terrorismo urbano.
«El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años», se especifica en el proyecto de ley.
Implicaciones para el Congreso y la justicia
La aprobación de esta ley podría fortalecer el control del Congreso sobre decisiones judiciales y políticas, afectando casos como el de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y las acusaciones constitucionales en marcha. Esta medida ha generado preocupación en distintos sectores, que temen un uso político del término «terrorismo urbano» para criminalizar la protesta social y limitar los derechos civiles.
