Ecuador, en medio de una grave crisis energética, aumentará sus apagones programados de ocho a catorce horas diarias a partir de este viernes, informó el Gobierno. Esta medida, que se mantendrá al menos hasta el domingo, responde a una histórica sequía que afecta las principales centrales hidroeléctricas del país, fuentes de más del 70 % de su energía eléctrica.
La ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Inés Manzano, quien también lidera de manera interina la cartera de Energía y Minas, anunció la decisión. “Enfrentamos una crisis dinámica y sin precedentes, que nos obliga a adaptarnos a escenarios cambiantes”, expresó Manzano en un mensaje transmitido por redes sociales. Según indicó, el próximo domingo se evaluará nuevamente la duración de los apagones, sin descartar ajustes adicionales.
Desde hace más de un mes, Ecuador ha enfrentado estas restricciones en el suministro eléctrico, las cuales inicialmente llegaban hasta catorce horas diarias, pero que se habían reducido tras algunos días de lluvias recientes. Sin embargo, el regreso de la sequía en las últimas dos semanas empeoró la situación, intensificando lo que el Gobierno describe como «la peor sequía de las últimas seis décadas». Manzano comentó que “toda Sudamérica enfrenta una crisis sin precedentes, y Ecuador no es la excepción”.
La dependencia del país en sus embalses se ha vuelto crítica. El embalse de Mazar, que abastece tres importantes centrales hidroeléctricas en el río Paute, y la central Coca Codo Sinclair, la más grande de Ecuador, están trabajando a capacidad limitada debido a los bajos niveles de agua. A este déficit se suma la falta de electricidad que usualmente importaba Ecuador desde Colombia, país que también enfrenta problemas de generación y ha suspendido sus exportaciones a su vecino del sur.
Ante la urgencia, el presidente Daniel Noboa ha prometido incorporar 1.500 megavatios de generación nueva en los próximos meses, aunque por ahora sólo se han añadido 100 megavatios gracias a una planta flotante alquilada. La situación ha reavivado el debate sobre la falta de inversión privada en un sector tradicionalmente público.