El último miércoles 6 de noviembre, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley para “garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección al personal de la Policía Nacional del Perú”. En concreto, se pretende prohibir a los fiscales y jueces solicitar y dictar mandatos de detención preliminar judicial y prisión preventiva bajo amenaza de ser denunciados por supuesta falta.
No obstante, ha pasado desapercibida la disposición que deroga el inciso ‘a’ del numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal, que faculta a los jueces, a pedido del fiscal, a dictar detención preliminar en casos en los que no hay flagrancia, pero sí sospecha de la comisión de un delito con pena mayor de 4 años y peligro de fuga u obstaculización.
De esta manera, el fiscal no podría requerir que se imponga detención preliminar, figura utilizada en los últimos años en casos que involucran a políticos, altos funcionarios y organizaciones criminales. La última investigación en la que se aplicó la detención preliminar judicial es la de ‘Los Galácticos del Fútbol’, presunta organización criminal que lideraría Agustín Lozano.
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Otros casos en los que se aplicó dicha medida han sido el caso Lava Jato en Perú, el caso Valkiria, el caso Andrés Hurtado, Los Waykis en la Sombra, Los Intocables de la Corrupción y recientemente el caso del presunto recorte de sueldo por parte de la congresista María Agüero.
Uno de los proyectos de ley acumulados en el texto final es el de Waldemar Cerrón, que en su proyecto planteaba acabar con la detención preliminar en casos de no flagrancia. “Conforme muchos juristas han referido que las detenciones preliminares son un medio de fábrica de colaboradores eficaces”, dice Cerrón, investigado por organización criminal y otros delitos.
Su hermano, el prófugo Vladimir Cerrón, también puso en la mira a esta figura. El mismo día que se ejecutó el allanamiento de la casa de Agüero y la detención preliminar de un trabajador de su despacho, el líder de Perú Libre publicó un mensaje en el que, si bien criticaba ambas medidas, hizo énfasis en que “amerita la revisión legislativa” de la detención preliminar porque, supuestamente, se ha “convertido en un método de tortura psicológica”.
