El último miércoles, el Pleno del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley orientado a «garantizar la presunción de inocencia» y proteger al personal de la Policía Nacional del Perú. Esta ley, sin embargo, ha generado controversia, pues introduce modificaciones que limitan la capacidad de fiscales y jueces para ordenar detenciones preliminares en casos donde no hay flagrancia. De aprobarse en su totalidad, los jueces ya no podrán, a pedido del fiscal, ordenar detención preliminar en situaciones donde existe sospecha de un delito con pena mayor de cuatro años y riesgo de fuga.
Alcance de la modificación legal
Con la eliminación del inciso ‘a’ del numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal, se restringe una herramienta utilizada en casos de alto perfil. En los últimos años, esta medida de detención preliminar ha sido crucial en investigaciones como las de Los Galácticos del Fútbol, presunta organización criminal encabezada por Agustín Lozano, y en otros casos de corrupción de gran envergadura como Lava Jato, Valkiria y Los Intocables de la Corrupción. “La detención preliminar ha sido una herramienta clave para investigar casos de corrupción y crimen organizado”, señalan algunos expertos en derecho penal.
Iniciativa desde el Congreso
Uno de los impulsores de este cambio es el congresista Waldemar Cerrón, quien ha señalado que la detención preliminar en casos de no flagrancia es utilizada para “fábrica de colaboradores eficaces”. Cerrón, actualmente investigado por organización criminal, afirma que esta medida es susceptible a abusos y que debe revisarse. En un contexto similar, su hermano y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, criticó esta figura el mismo día que fue allanada la casa de la congresista María Agüero y se ordenó la detención de uno de sus asesores. “La detención preliminar se ha convertido en un método de tortura psicológica”, publicó Cerrón, sugiriendo la necesidad de una reforma.
La aprobación del proyecto fue también precedida por una mesa de trabajo organizada por el congresista Alejandro Muñante, donde se cuestionó la constitucionalidad de la detención preliminar en el Perú. En esta reunión, abogados de renombre como Giulliana Loza Ávalos, Carlos Caro Coria y Benji Espinoza Ramos coincidieron en que es necesario regular esta figura legal para evitar supuestos abusos.
Repercusiones y críticas
La aprobación de esta medida ha levantado preocupaciones en sectores judiciales, políticos y ciudadanos, quienes advierten que esta modificación podría beneficiar a personajes investigados por corrupción y crimen organizado. Mariano González, exministro del Interior, señaló que “limitar la detención preliminar restringe la capacidad del sistema judicial para investigar delitos graves”. Otros expertos consideran que esta medida podría tener efectos negativos en la lucha contra la criminalidad organizada y en la posibilidad de llevar a juicio a figuras influyentes.
