La Fiscalía de la Nación ha requerido formalmente a la presidenta de la República, Dina Boluarte, la entrega de 91 normas firmadas entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023, junto con los documentos médicos que justificaron su intervención quirúrgica. Este requerimiento debe ser cumplido en un plazo de 24 horas, según se ha señalado en un comunicado oficial.
El pedido fue realizado a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, en base a las declaraciones de la mandataria el 13 de enero pasado. La investigación en curso se centra en el presunto delito de omisión de funciones y, de manera alternativa, el delito de abandono de cargo en agravio del Estado.
Investigación en Marcha
El pasado lunes, Boluarte Zegarra acudió al Ministerio Público para brindar su testimonio sobre la cirugía que se realizó en 2023. La diligencia, que se extendió por más de tres horas, forma parte de una investigación que ha captado la atención nacional e internacional.
El inicio de esta pesquisa fue impulsado por declaraciones previas del ex presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Otárola defendió la actuación de Boluarte afirmando que durante el procedimiento quirúrgico “no hubo ningún vacío de poder”. En sus palabras, “como es de conocimiento público, la presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó por un procedimiento quirúrgico; pero, en este procedimiento, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo mucho menos las labores que le competían al cargo y me consta, porque yo fui en ese momento presidente del Consejo de Ministros”.
Contexto Político y Social
Este caso añade una nueva dimensión a la situación política en Piura y en el resto del país, en un contexto donde la transparencia gubernamental y el cumplimiento de funciones son observados de cerca por la ciudadanía. La intervención quirúrgica de Boluarte, y las circunstancias que la rodean, han generado diversas opiniones en el ámbito político y social, intensificando el escrutinio público sobre las acciones de la jefa del Estado.
Mientras tanto, las autoridades continúan su labor investigativa para esclarecer los hechos y determinar si se configuraron los delitos imputados. Este desarrollo promete ser un tema clave en la agenda informativa de las próximas semanas.
