Una multitudinaria marcha protagonizada por ronderos de Huancabamba reunió a 79 delegaciones de distintas comunidades de la provincia. Los participantes alzaron su voz contra lo que consideran una falta de reconocimiento a la justicia comunal y una persecución por parte de instituciones como la Fiscalía y el Poder Judicial.
El evento, que atrajo la atención de pobladores y autoridades locales, tuvo como eje central el rechazo a las investigaciones por secuestro y tortura que enfrentan varios miembros de las rondas campesinas. También se denunciaron presuntas irregularidades cometidas por efectivos policiales en la zona.
En palabras de uno de los líderes comunales: “Rechazamos que se nos persiga cuando lo único que hacemos es defender a nuestra comunidad y actuar bajo nuestras costumbres y las leyes peruanas”.
Además de exigir justicia, los ronderos expresaron su indignación por problemas estructurales que afectan a la provincia. Entre sus principales demandas figuraron la lucha contra la corrupción, la minería ilegal, los altos costos del servicio eléctrico proporcionado por Enosa, y las falencias en los sectores de salud y educación.
Uno de los momentos más destacados de la marcha fue el discurso de Isaac Huamán, expresidente de las rondas campesinas, quien actualmente enfrenta acusaciones judiciales.
Con firmeza, declaró: “Mi persona no puso ni un dedo. Fuimos cuatro personas, y dos ya están libres, pero con Henry seguimos perseguidos. Pido que el 30 nos acompañen al Poder Judicial porque allí quieren sentenciarme”.
Al cierre de la movilización, los líderes ronderiles anunciaron medidas concretas para continuar su lucha. Solicitaron el cambio inmediato del personal policial en Huancabamba y del director de la UGEL local, a quien ya no permitirán el ingreso desde el próximo lunes. Además, advirtieron que si la empresa Enosa no reduce las tarifas del suministro eléctrico, realizarán una nueva movilización en su contra.
Con esta marcha, los ronderos de Huancabamba han dejado claro que no cederán en su defensa de la justicia comunal y en sus exigencias por mejores condiciones de vida. La atención ahora está puesta en las respuestas que puedan ofrecer las autoridades y las instituciones señaladas.
