La minería ilegal sigue avanzando en la región Piura, generando preocupación entre los pobladores debido a la invasión de tierras agrícolas y los riesgos ambientales que conlleva. Especialistas advierten que la falta de supervisión y control por parte de las autoridades ha permitido el crecimiento de esta actividad, que afecta las fuentes de agua y amenaza el ecosistema local.
A pesar de que Piura se encuentra en Estado de Emergencia por el déficit hídrico, la minería informal continúa sin mayores controles, lo que ha generado descontento entre la población. Según el ingeniero Alejandro Vásquez, aunque esta actividad genera ingresos para el Estado, la mala gestión de los recursos impide que se traduzcan en beneficios para las comunidades afectadas. Además, criticó las constantes prórrogas otorgadas a los mineros informales, lo que dificulta su formalización.
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Los mineros ilegales, lejos de buscar una regulación efectiva, han solicitado nuevas modificaciones a la Ley para la Formalización de la Pequeña Escala y Minería Artesanal (Ley MAPE), promovida por el Ejecutivo. Según Ismael Palomino, coordinador de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), han presentado cinco propuestas al Congreso, de las cuales tres podrían frenar el proceso de formalización.
Durante la II Audiencia Descentralizada de la Comisión de Energía y Minas, el presidente de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), Celso Cajachagua, insistió en la necesidad de que las propuestas de los mineros sean tomadas en cuenta. Sin embargo, expertos advierten que la falta de una regulación estricta solo prolongará los problemas ambientales y sociales en la región.
En los últimos cinco años, la minería ilegal se ha intensificado en distritos como Tambogrande, Las Lomas, Suyo, Sapillica, Paimas, Lancones y Huancabamba, donde se estima que operan cerca de 10 mil mineros sin regulación. La falta de acción por parte de las autoridades sigue siendo un obstáculo para enfrentar este problema, mientras que la población exige medidas concretas para proteger sus recursos y su calidad de vida.
