Desde el 22 de abril de 2025, entra en vigencia una nueva Ley de Contrataciones del Estado que permite a familiares de congresistas, ministros, presidentes, vicepresidentes, gobernadores regionales y alcaldes distritales contratar con el Estado, siempre que no lo hagan con las entidades donde trabajan sus parientes directos. Esta medida ha generado controversia por su potencial impacto en la transparencia de la gestión pública.
La norma busca evitar que los familiares de autoridades públicas se vean excluidos del mercado estatal únicamente por su vínculo familiar. Según Liz Díaz, especialista en contrataciones públicas, “si yo soy hermana de un congresista, solo estaría impedida de contratar con el Congreso, no a nivel nacional”.
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Sin embargo, investigaciones periodísticas revelan antecedentes preocupantes. Ojo Público reportó que, entre julio de 2021 y octubre de 2024, al menos 38 familiares de 30 congresistas accedieron a contrataciones públicas por más de un millón de soles, contraviniendo la normativa vigente en ese momento.
La reforma fue impulsada por la bancada de Acción Popular, en especial por congresistas vinculados al caso ‘Los Niños’, que investiga presuntos actos de corrupción dentro del Congreso. La medida ha sido calificada por algunos sectores como un intento de legalizar prácticas cuestionables.
Pese a las críticas, defensores de la ley sostienen que esta permite igualdad de oportunidades laborales bajo condiciones justas. No obstante, diversos analistas piden reforzar los mecanismos de fiscalización para evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos.
