La presidenta de la República, Dina Boluarte, promulgó la Ley N° 32330, aprobada por el Congreso, que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. La norma permite que adolescentes de 16 y 17 años sean procesados como adultos por delitos graves como homicidio, feminicidio, violación sexual, trata de personas, extorsión, sicariato, robo agravado y narcotráfico.
Según el texto legal, cuando un menor de entre 16 y 18 años comete uno de los delitos mencionados, se le aplicará responsabilidad penal ordinaria. Esto representa una reforma directa a los artículos 20 y 22 del Código Penal y a tres disposiciones del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.
La promulgación ha generado rechazo por parte de instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Estas entidades consideran que la ley es inconstitucional, pues contradice la protección especial que la Constitución y tratados internacionales otorgan a los adolescentes, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño.
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El Ministerio Público advirtió que el Perú ya cuenta con un sistema de sanciones específicas para adolescentes infractores, que incluye internamientos de hasta 10 años con un enfoque de reintegración. Señaló que la nueva norma representa un retroceso en materia de derechos humanos y no guarda coherencia con el marco legal nacional ni internacional.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Argumenta que la norma ignora el principio del interés superior del niño y desconoce evidencias científicas sobre el desarrollo neurológico adolescente. La ley fue también observada por el MIMP, MINJUSDH, UNICEF y el Colegio de Abogados de Lima.
