El Pleno del Congreso aprobó, con 116 votos a favor y solo 5 abstenciones, el octavo retiro de hasta 4 UIT (S/21 400) de los fondos administrados por las AFP. La decisión, que deberá ser promulgada por el Ejecutivo en el diario oficial El Peruano, responde a la presión social y las protestas que exigían acceso a los aportes, pero deja intactos pilares de la cuestionada reforma previsional.
El dictamen, respaldado por más de 25 proyectos de ley, establece que los afiliados podrán solicitar el retiro en un plazo de 90 días tras la reglamentación. Los desembolsos se efectuarán en cuotas de 1 UIT (S/5.350) cada 30 días, con excepción de retenciones por deudas alimentarias hasta un 30%. El Ministerio de Economía estima que el primer pago se concretaría en noviembre de 2025.
La aprobación incluye además la eliminación del aporte obligatorio de hasta 5% para trabajadores independientes y la restitución del acceso al 95,5% de los fondos para afiliados menores de 40 años. Sin embargo, mantiene intactos aspectos centrales de la reforma como la comisión fija de las AFP, el aumento de edad para la jubilación anticipada y la reducción del margen de decisión de los aportantes, lo que ha motivado críticas de sectores progresistas y opositores.
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Mientras congresistas oficialistas y de oposición defendieron la medida como un alivio frente a la recesión, inflación y bajo crecimiento, voces disidentes advirtieron que el dictamen es un “parche” y no resuelve las demandas ciudadanas de derogar la Ley 32123. Legisladoras como Ruth Luque y Sigrid Bazán señalaron que el Congreso priorizó un gesto político frente a las protestas, antes que una reforma estructural del sistema previsional.
El MEF calcula que podrían retirarse hasta S/26.320 millones, equivalentes al 22,7% del total de fondos previsionales a julio de 2025. Si bien el ministro Raúl Pérez destacó que la medida inyectará liquidez a los hogares y dinamizará la demanda interna, también advirtió efectos negativos: debilitamiento del mercado de capitales, menor ahorro interno y una presión fiscal creciente sobre el Estado.
En este escenario, el Ejecutivo se enfrenta a una decisión con alto costo político: promulgar una norma que alivia el corto plazo, pero erosiona la sostenibilidad del sistema previsional. El resultado revela, además, la fragilidad de consensos en torno a la reforma de pensiones y la capacidad de las protestas sociales de alterar decisiones en el Congreso, que prefirió una salida inmediata sin resolver la crisis estructural del sistema de jubilación.
