El Poder Judicial ordenó la captura de la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, acusada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
La resolución judicial dispuso variar su comparecencia con restricciones e imponerle cinco meses de prisión preventiva. Sin embargo, Chávez permanece asilada desde inicios de noviembre en la residencia de la Embajada de México en Lima.
El Ministerio Público acusa a la ex funcionaria del delito de rebelión que podría recalificarse a conspiración para la rebelión.
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En medio de este proceso, el Gobierno de México informó que Perú ha confirmado que respetará plenamente las inmunidades diplomáticas del Estado mexicano, incluida la inviolabilidad de sus inmuebles, bienes y archivos, tal como establecen las Convenciones de Viena de 1961 y 1963.
A su vez, México reiteró su petición de un salvoconducto para Betssy Chávez, asilada bajo la Convención de Asilo Diplomático de 1954, con el fin de que pueda trasladarse a territorio mexicano.
