Ante el estado de emergencia en Piura por el aumento de la delincuencia, la Contraloría General inició un operativo multisectorial para supervisar la seguridad ciudadana y el uso de recursos públicos en Piura, con el objetivo de contribuir a devolver la tranquilidad a la población.
El contralor general César Aguilar informó que más de 30 auditores llegaron desde Lima para realizar, junto al equipo regional, un trabajo intensivo de dos días que incluye más de 40 visitas a servicios públicos y obras en todas las provincias, abarcando sectores como seguridad ciudadana, salud, educación y transporte.
Durante la intervención, se constató la crítica situación de comisarías como El Obrero, en Sullana, que solo cuenta con tres patrulleros y tres motocicletas operativas para atender a más de 80 mil habitantes, además de chalecos antibalas antiguos y ambientes en mal estado. Situaciones similares se observaron en la comisaría de El Indio, en Castilla, donde el equipamiento y armamento presentan una antigüedad superior a diez años.
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Aguilar explicó que este operativo forma parte de una estrategia nacional de control simultáneo, orientada a conocer la realidad de los servicios públicos en el país y garantizar que la ciudadanía reciba atención adecuada. Remarcó que, de encontrarse irregularidades, la Contraloría aplicará las sanciones correspondientes.
Finalmente, el titular del organismo de control señaló que otra prioridad es el destrabe de obras paralizadas, especialmente en salud, donde se detectaron fallas técnicas que ponen en riesgo la inversión pública. En Piura existen 87 obras detenidas, cuya reactivación será impulsada mediante el control preventivo, cuyos resultados se darán a conocer en las próximas semanas.
