Las fotopapeletas en Piura han desatado un debate social y legal tras el anuncio de la Municipalidad Provincial de Piura de notificar más de cuatro mil infracciones registradas desde diciembre. La aplicación de fotopapeletas por exceso de velocidad y cruce de luz roja ya inició, en medio de cuestionamientos ciudadanos sobre transparencia, legalidad y el impacto económico de las sanciones.
El dirigente de motociclistas Guillermo Trelles informó que presentó un pedido formal de información, amparado en la Ley N.º 27806, solicitando documentación técnica y legal sobre la implementación del sistema. El requerimiento incluye certificados de calibración de las cámaras, estudios de siniestralidad, sustento técnico de ubicación, contrato con la empresa proveedora, protocolo sancionador y medidas de protección de datos personales. El objetivo, señaló, es verificar que el sistema opere con respaldo normativo antes de consolidar las multas.
“El pedido incluye además el protocolo del procedimiento sancionador aplicable, la acreditación de señalización vertical y horizontal en cada punto intervenido y la relación del personal capacitado para operar el sistema, especificando entidad formadora, fechas, certificaciones y funciones asignadas. Asimismo, se requiere información sobre las medidas adoptadas para garantizar la protección de datos personales conforme a la Ley N.º 29733 y el registro del banco de datos de videovigilancia”, señala.
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Desde la comuna, el gerente municipal Gerardo Alvarado confirmó que las imágenes fueron captadas por equipos acreditados por el Instituto Nacional de la Calidad y ubicados en avenidas como Sánchez Cerro, Progreso, Andrés Avelino Cáceres y la Panamericana Norte. Precisó que en casos no reiterativos detectados desde el 18 de diciembre, las notificaciones tendrán inicialmente carácter preventivo, aunque el proceso avanzará hacia sanciones económicas conforme al reglamento.
Según el Reglamento de Tránsito, la multa por cruzar la luz roja asciende a S/ 660, mientras que por exceso de velocidad puede variar entre S/ 990 y S/ 2,750, dependiendo del límite superado. En tramos como Sánchez Cerro con Sullana, donde el límite es 30 km/h con tolerancia de hasta 35 km/h, la sanción aumenta progresivamente. Desde una perspectiva social, estas cifras representan un fuerte impacto para conductores de ingresos medios y bajos, especialmente en un contexto de desaceleración económica regional.
Las críticas no se han hecho esperar. Conductores y vecinos cuestionan que se priorice la recaudación antes que la mejora de la infraestructura vial y la señalización, en una ciudad donde el deterioro de pistas y la informalidad del transporte siguen siendo problemas estructurales. También se advierte que la falta de campañas informativas amplias podría generar más conflicto que cultura preventiva.
