El Gobierno congela fondos y bloquea cuentas vinculadas al crimen organizado como parte de una estrategia para debilitar su financiamiento y capacidad operativa. Esta medida, ya en marcha, busca cortar el flujo de dinero que sostiene a las redes delictivas y forma parte de una ofensiva integral contra la inseguridad ciudadana.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, informó que el congelamiento administrativo de fondos permite actuar directamente sobre las economías ilegales. Precisó que esta acción se complementa con operativos de inteligencia, control territorial y el uso de tecnología para enfrentar delitos como la extorsión y el sicariato.
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En ese marco, el Ejecutivo también impulsa el proyecto Protránsito, que contará con una inversión de 150 millones de dólares a través del Banco Mundial. Esta iniciativa contempla semaforización inteligente, sistemas automatizados de detección de infracciones y herramientas de videovigilancia, incluyendo reconocimiento facial y lectura de placas, con el objetivo de mejorar la seguridad y el control urbano.
Asimismo, se ha desplegado las Fuerzas Integradas de Tareas en 27 distritos de Lima, La Libertad, Piura y Arequipa, con patrullaje permanente de efectivos de la Policía, Fuerzas Armadas y Serenazgo. Estas acciones se refuerzan con más de 6,500 agentes del Plan Celador y la incorporación de 5,655 nuevos policías, muchos de ellos especializados en investigación criminal.
El Ejecutivo también ha implementado medidas de protección y apoyo a la ciudadanía, como aplicativos de alerta en tiempo real, reducción de sanciones para transportistas y asistencia a menores en situación de orfandad por la violencia criminal. Estas acciones forman parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026–2028, que busca una respuesta integral frente al avance del delito en el país.
