El Concejo Municipal de Piura aprobó por unanimidad la renuncia del alcalde Gabriel Madrid Orue, quien dejó el cargo para postular al Gobierno Regional de Piura, en una decisión que reabre el debate sobre el uso de cargos públicos como plataforma electoral y la continuidad de la gestión municipal.
La dimisión, presentada el 20 de marzo, se sustenta en el derecho a la participación política reconocido por la Constitución, así como en la exigencia legal de renunciar con al menos seis meses de anticipación a un proceso electoral. No obstante, este tipo de decisiones suele generar cuestionamientos sobre la prioridad de los intereses políticos frente a la estabilidad administrativa.
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Desde el punto de vista legal, un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica precisó que la renuncia no requería aprobación del concejo para ser válida. Sin embargo, se optó por formalizarla mediante acuerdo municipal, un paso que, si bien refuerza la seguridad jurídica, también evidencia la necesidad de respaldar políticamente una decisión ya tomada.
Durante la sesión extraordinaria, los regidores no abordaron a profundidad los pendientes de la gestión ni los impactos que deja su salida en medio de un contexto preelectoral. Uno de los puntos más críticos es la recuperación de los espacios públicos del complejo de Mercados de Piura y sus al rededores.
De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, la primera regidora, Teresa Calva Saavedra, asumirá la alcaldía provincial en los próximos días. Su designación se dará en un escenario marcado por ajustes institucionales y el desafío de garantizar continuidad en la administración local mientras avanza el proceso electoral.
