La revisión de 36 planes de gobierno de las agrupaciones que participan en las elecciones generales 2026 evidencia una marcada ausencia de propuestas frente a la trata de personas. A pesar de que en 2025 se registraron 2 061 casos a nivel nacional, más del 90% de partidos no plantea medidas concretas y 13 ni siquiera mencionan este delito en sus documentos programáticos.
El análisis identifica distintos niveles de compromiso. En el grupo más crítico, 13 organizaciones omiten por completo el tema, mientras que otras cinco lo reconocen sin plantear soluciones. Solo cuatro agrupaciones incluyen propuestas específicas orientadas a la prevención, sanción y atención a víctimas, reflejando una limitada priorización del problema en la agenda política.
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En el plano económico, la trata de personas genera alrededor de US$1,300 millones anuales en el Perú, principalmente por explotación sexual y laboral. A nivel global, este delito alcanza cifras de hasta US$236 mil millones, consolidándose como una de las actividades ilícitas más lucrativas, pese a lo cual sigue relegado en el debate electoral.
La situación es especialmente preocupante en regiones como Piura, que en 2025 registró 237 casos y el mismo número de víctimas, ubicándose como la segunda región con mayor incidencia. Sin embargo, persisten limitaciones estructurales, como la falta de centros de acogida, y solo una minoría de candidatos plantea acciones directas para enfrentar este delito.
En Madre de Dios, el problema está vinculado a la minería ilegal. Aunque la mayoría de candidatos reconoce la trata como un problema, predominan propuestas generales sin enfoque específico. El informe concluye que existe una brecha significativa entre la magnitud del delito y la respuesta política, lo que compromete la atención y protección de las víctimas.
