En Piura, el presupuesto en seguridad se redujo 25% en 2026 pese al aumento de la extorsión, reflejando una creciente brecha entre recursos y criminalidad. Aunque las denuncias por extorsión disminuyeron en los primeros meses de 2026, los niveles siguen siendo hasta nueve veces más altos que en 2019, lo que evidencia que la inseguridad continúa golpeando a la región.
Durante 2025, Piura registró el nivel más alto de denuncias por extorsión, superando los 130 casos por cada 100 mil habitantes. Este indicador posicionó a la región entre las más afectadas del país. A pesar de la reciente reducción, especialistas advierten que el problema persiste y no muestra una tendencia sostenida a la baja.
La percepción de inseguridad también se ve reflejada en los niveles de victimización. Según el INEI, el 24.7% de la población mayor de 15 años en Piura fue víctima de algún delito en 2025, cifra que supera ampliamente el promedio de la zona norte. Además, menos del 20% de las víctimas formaliza una denuncia, lo que revela un importante subregistro.
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El avance de la minería ilegal agrava este panorama. En 2025 se reportaron 62 denuncias vinculadas a esta actividad, lo que representa un incremento del 44% respecto al año anterior. El distrito de Sullana concentra cerca de la mitad de estos casos y lidera también las tasas de extorsión, evidenciando la relación entre economías ilícitas y violencia.
Pese a este escenario, el presupuesto destinado a seguridad cayó de S/86 millones en 2025 a S/64 millones en 2026. La reducción impacta principalmente en los gobiernos locales, cuyos recursos se redujeron a la mitad. En contraste, el financiamiento del gobierno nacional y regional se ha mantenido sin mayores variaciones.
A ello se suma la limitada capacidad operativa: Piura cuenta con 134 policías por cada 100 mil habitantes, por debajo del promedio nacional. También existen deficiencias en la articulación y planificación, ya que solo el 58% de municipios distritales está integrado al sistema de patrullaje y apenas 9 de 65 distritos tienen planes de seguridad actualizados. Frente a ello, especialistas plantean fortalecer a la Policía, mejorar la coordinación interinstitucional y acelerar la modernización de comisarías mediante mecanismos como Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas.
