El Gobierno Regional de Piura oficializó la entrega de la obra del estadio Miguel Grau a la empresa Constructora Bidolino EIRL, luego de meses paralizada y abandonada por el consorcio EPiura desde diciembre del 2025. La decisión fue formalizada el pasado 7 de mayo de 2026 mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 232-2026, firmada por el gobernador regional Luis Neyra León, quien otorgó la obra en medio de cuestionamientos por la modalidad utilizada para adjudicar el millonario proyecto deportivo.
La obra fue otorgada bajo un “procedimiento de selección no competitivo”, es decir, sin concurso público, por un monto superior a los S/ 223 millones. La entidad regional justificó esta medida señalando la necesidad urgente de retomar los trabajos tras el fracaso del contrato anterior, que dejó el estadio con apenas un avance físico del 1.64 %. No se informó sobre la fecha de reinicio de trabajos en el recinto.
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Además, la empresa adjudicada no solo tendrá a su cargo la construcción del recinto deportivo, sino también la elaboración del nuevo expediente técnico bajo la modalidad “Fast Track”, que permite diseñar y ejecutar la obra de manera paralela. Con ello, quedó descartado el expediente técnico elaborado anteriormente por el Consorcio Alfa 360, valorizado en más de S/ 1.2 millones.
Para los piuranos, la reactivación del estadio Miguel Grau representa una de las obras más esperadas de la última década. El recinto permanece clausurado desde 2015 y se ha convertido en símbolo de retrasos, proyectos fallidos y promesas incumplidas. Ahora, la expectativa ciudadana se centra en que la nueva adjudicación permita culminar finalmente el emblemático coloso deportivo de Piura.
Por otro lado, se consultó a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional sobre el cuestionamiento de otorgar la obra a una empresa que tuvo y tiene obras en ejecución con la institución, como los polideportivos, la reconstrucción de la avenida Grau y diversos proyectos en las sub regiones Luciano Castillo y Huancabamba, y se informó que la decisión parte de los cumplimientos de plazos, cronogramas y avances de la empresa como ejecutora.
