Inicio Actualidad Piura: Siete exfuncionarios implicados por caso del estadio Miguel Grau

Piura: Siete exfuncionarios implicados por caso del estadio Miguel Grau

10
0

La Contraloría identificó presunta responsabilidad civil en siete exfuncionarios y exservidores del Gobierno Regional de Piura por las irregularidades detectadas en el estudio de preinversión y el expediente técnico del proyecto de mejoramiento del estadio Miguel Grau. De acuerdo con la auditoría, las deficiencias ocasionaron un perjuicio económico superior a S/ 1,2 millones, por lo que se recomendó iniciar las acciones legales correspondientes.

El Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 015-2026-2-5349-AC señala que la entidad aprobó una inversión bajo la modalidad IOARR pese a que no cumplía con los lineamientos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Entre las observaciones figuran inconsistencias en el diagnóstico del estadio, la ausencia de la opinión técnica previa del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el incumplimiento de los términos de referencia, lo que generó un perjuicio de S/ 476 350 por el pago del estudio de preinversión.

Leer más>>> Niño Costero: El Senamhi prevé que lluvias fuertes inundarían nuevamente Piura

La comisión auditora también determinó que se aprobó y otorgó conformidad a un expediente técnico incompleto, pese a presentar incumplimientos contractuales y deficiencias en estudios básicos de topografía y mecánica de suelos. Estas irregularidades originaron un perjuicio adicional de S/ 728 469 y fueron una de las causas de la paralización y posterior resolución del contrato de ejecución de la obra, cuyos trabajos se iniciaron en junio de 2025.

Además de la presunta responsabilidad civil de los siete exfuncionarios, la Contraloría advirtió indicios de presunta responsabilidad penal contra dos exdirectores y posibles responsabilidades administrativas. El informe fue remitido al titular del Gobierno Regional de Piura para la adopción de las medidas correspondientes, mientras que se recomendó a las procuradurías competentes iniciar las acciones legales que establece la normativa vigente.