Después de varios casos de violencia y abusos en niñas, niños y adolescente el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo N° 1297 que permite brindar protección a los pequeños que se encuentren desamparados de sus padres o familiares.
“Con la aprobación del Decreto Legislativo Nº 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, modificado mediante Ley Nº 30690, se establece un marco legal que orienta y define la actuación protectora del Estado para las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar, con la finalidad de prevenir la separación de su familia de origen o brindar la protección necesaria para lograr la reintegración familiar”, precisa el decreto.
En tanto, dice que se le brindará el cuidado alternativo orientadas a incrementar los factores de protección y a disminuir o eliminar los factores de riesgo identificados y que permitan lograr el bienestar integral de los menores.
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Respecto a las circunstancias o supuestos del procedimiento por desprotección familiar, se trata del abandono de la persona que se produce cuando faltan las personas que asumen su cuidado en ejercicio de la patria potestad, tenencia o tutela; o porque éstas no quieren o no pueden ejercerla, así como amenaza o afectación grave para la vida, salud e integridad física de la niña, niño o adolescente, trabajo infantil en situación de calle o aquel que suponga una afectación de derechos que revista gravedad para la niña, niño o adolescente de acuerdo a la Tabla de Valoración de Riesgo.
También la inducción a la mendicidad, delincuencia, explotación sexual, trabajo forzoso o cualquier otra forma de explotación de similar naturaleza o gravedad y otras circunstancias que perjudican gravemente el desarrollo integral de la niña, niño o adolescente y cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en su entorno de convivencia, incluidas la persistencia de situaciones de riesgo de desprotección familiar que no se han revertido a pesar de la actuación estatal, el Estado tendrá el derecho de quitarle la patria potestad a estos padres o familiares.
De esta manera la norma permite ofrecer otras alternativas de protección. Según el decreto terceras personas podrán proteger a los niños, niñas y adolescentes, pero serán evaluados por el Ministerio de la Mujer.