A casi un año de la emergencia por El Niño costero, en Piura comienzan a destaparse irregularidades cometidas por las entidades estatales. Uno de estos casos es el de la UGEL Morropón y UGEL Huancabamba, en la sierra de Piura, que contrataron directamente cuatro servicios por el valor de S/ 628 mil 614 sin cumplir las normas vigentes. Así lo señaló el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), luego de investigar 4 procesos que fueron tomados como muestra.
Según detalla el informe que ha sido remitido al Gobierno Regional de Piura, para que evalúe el inicio de procesos administrativos, la UGEL de Huancabamba contrató directamente a la empresa IPMG E.I.R.L. para ejecutar el servicio de “Instalación de cobertura liviana, incluida canaleta”, por S/ 205.618.
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La Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos del OSCE advirtió la irregularidad de este proceso porque debió ser aprobado por el Consejo Regional de Piura, cuya aprobación es indelegable, según el artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, se autorizó bajo resolución directoral N° 1699-2017, emitida por el titular de la UGEL Huancabamba, Hugo Negreiros.
La empresa contratada, IPMG E.I.R.L, según Sunat, comenzó sus actividades el 7 de setiembre del 2016 y solo registra dos contrataciones con el Estado: el servicio en cuestión, y otro otorgado, un mes después, por la misma UGEL Huancabamba, para la construcción de cuatro ambientes.
Otro de los procesos observados a la Ugel Huancabamba es el otorgado a Arrifer Constructores E.I.R.L., para el mantenimiento de instituciones educativas afectadas, por el valor de más de S/118 mil. Esta empresa también solo tiene experiencia con el estado con dos contrataciones, ambas adjudicadas por esta Ugel.
En ambos procesos, Osce subrayó que la Ugel no incluyó las especificaciones técnicas de los trabajos que iba a ejecutar la empresa, tampoco se colocó en el portal el documento del expediente de contratación, ni la garantía de fiel cumplimiento.
Dos procesos también se observaron en Morropón, ambos para un mismo servicio: “Adquisición de materiales de construcción, limpieza, seguridad, etc, para los trabajos se rehabilitación de infraestructura dañada por las lluvias y desbordes”. Se contrató a los proveedores V&V Construcciones, Supervisión y Servicios Generales SCRL (más de S/173 mil) y Luis Alberto Vidangos Navarro, por la suma de más de S/131 mil.
OSCE dijo que no se usó el formato 2017 referido a la emergencia por El Niño costero, ni se pidió las garantías de fiel cumplimiento. Tampoco se solicitó la autorización del Consejo Regional de Piura, cuya aprobación era indelegable. Así lo dijo también el secretario técnico Anticorrupción, Jaime Távara.
“Son procesos cuyo valor es de más de 8 UIT y debieron ser aprobados por el consejo regional, como manda la norma de contrataciones del Estado. Ya se ha cursado este informe a los entes correspondientes para que inicien las sanciones administrativas correspondientes, y también se oficiará a Procuraduría para que denuncie ante el Ministerio Público, por los presuntos delitos de colusión, usurpación de funciones, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo”, dijo Távara.
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El funcionario dijo también que desde el año pasado pidió a Contraloría General de la República que audite las UGEL de la sierra de Piura, incluidas Morropón y Huancabamba, pues hay serios indicios (denuncias de profesores e informes) de desvíos de fondos, igual que en las UGEL de Sullana, Paita y Talara, cuyos casos están judicializados. Solo en Talara el perjuicio económico al estado es de más de S/. 4 millones.
Fuente: El Comercio
