El jueves pasado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) impuso su vigésima sanción a un partido político. Mediante una resolución, la jefatura del ente electoral decidió multar a Restauración Nacional con S/96.487,5 por no presentar su información financiera del 2016 en el plazo fijado.
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Con ese monto, las seis multas impuestas por la ONPE desde el 2010 superan los S/3,7 millones. Las sanciones restantes están vinculadas a la pérdida del financiamiento público para las organizaciones políticas.
Hasta hoy, sin embargo, ni unas ni otras han podido ser ejecutadas. Desde las elecciones municipales y regionales del 2010, la ONPE enfrenta un camino accidentado para el cobro de las sanciones económicas.
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El último revés lo experimentó en la campaña electoral del 2016. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revocó tres multas impuestas a Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio y Alianza para el Progreso por entrega de dádivas. En total, ascendían a casi S/1,2 millones.
Las multas hoy vigentes alcanzan los S/2,5 millones, y están distribuidas entre Alianza para el Progreso, Perú Posible (hoy sin inscripción) y Restauración Nacional. Esos partidos no han cancelado siquiera una parte de las deudas.
“Perseguir el pago se vuelve más difícil por una razón: no tenemos facultades coactivas. Solo podemos acudir a la vía judicial a través de nuestra procuraduría”, argumenta el gerente de supervisión de fondos partidarios, Julberth Medina.
A diferencia del JNE, la ONPE no está facultada para realizar embargos. Y, aun cuando tuviese dicha potestad, enfrentaría un mismo obstáculo: las agrupaciones no poseen bienes embargables.
“Es fácil decir que la ONPE no cobra, pero el JNE tampoco ha cobrado deuda alguna impuesta por los jurados especiales. Si no se establece la obligatoriedad de que los partidos acrediten solvencia, no habrá qué embargar”, advierte el ex secretario general del JNE Roque Bravo.
Fuente: El Comercio
