Un día como hoy 19 de junio de 1986, se produjo el más siniestro operativo de exterminio en los penales de El Frontón, Lurigacho y Santa Bárbara, donde más de 200 internos fueron ejecutados extrajudicialmente.
Redacción
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Los amotinados denunciaron un intento de genocidio bajo pretexto de traslado a una prisión de alta seguridad y régimen estricto en Canto Grande.
El hecho ocurrió mientras se realizaba una Conferencia Mundial de la Internacional Socialista a la que asistían más de un centenar de dirigentes políticos del mundo, entre ellos, 22 presidentes y representantes de 70 partidos políticos y cerca de 500 periodistas extranjeros. Simultáneamente, se realizaron motines en los penales de Lurigancho y Santa Bárbara.
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Las acciones militares se iniciaron a las 3:00 horas del día 19 de junio y emplearon basucas, morteros, dinamitas y explosivos de alto poder como el C-3, con los que lograron demoler el llamado Pabellón Azul.
Según el testimonio ante la CVR, por dos efectivos de la Marina que participaron en el operativo, los terroristas que se rindieron fueron ejecutados a balazos y con armas blancas.
El caso fue remitido a la Justicia Militar, que en julio de 1989 ratificó que no había responsabilidad en los militares.
El 16 de agosto del 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia responsabilizando al Estado en el caso de la matanza de los penales, por la muerte y desaparición de Nolberto Durand y Gabriel Ugarte, señalando que era su obligación esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
Precisamente esos dos fallecidos en la masacre, fueron absueltos por cargos del delito de terrorismo que se les había imputado.
En diciembre de 2004, la Fiscalía especializada en Derechos Humanos formuló una denuncia penal, en la que solo comprendió a un pequeño grupo de marinos y archivó la inclusión del ex presidente Alan García, del entonces ministro del Interior Agustín Mantilla y de miembros del Gabinete del gobierno aprista.
En enero del 2005, dieciocho años después de la matanza, el Juez Omar Pimentel Calle, titular del Segundo Juzgado Supraprovincial, abrió proceso penal contra 11 efectivos de la Marina de Guerra, por el delito de asesinato por explosión; en agravio de más de cien personas que en junio de 1986 se encontraban internos en el Pabellón Azul del Centro Penitenciario de El Frontón.
El 26 de enero de 2006, la 5ta Fiscalía Supraprovincial, a cargo del fiscal Mario Gonzáles, resolvió el archivo definitivo contra Alan García, Agustín Mantilla y otros ex ministros. Ante ello, APRODEH interpone recurso de queja ante la 3ra Fiscalía Superior Penal, a cargo del fiscal Edgar Chirinos, aduciendo que faltaba efectuarse diversas diligencias. Ante ello, el 11 de abril del 2006, el fiscal Chirinos declara fundada en parte la queja y dispone que se amplíen las investigaciones por 120 días.
Cabe señalar que en esta resolución, el fiscal superior, Edgar Chirinos, hace un llamado de atención al fiscal suproprovincial, Mario Gonzáles, invocándole a “poner mayor celo y acuciosidad en el cumplimiento de sus funciones en la presente investigación, toda vez que de las diligencias actuadas se deja entrever cierta condescendencia (…), situación que no contribuye a alcanzar resultados eficaces en el debido esclarecimiento de la presente investigación”.
El proceso sigue abierto y ex ministros y dirigentes apristas, siguen dando su testimonio por la matanza en el destruido centro de reclusión.