Erasmo Reyna, abogado de la familia del expresidente Alan García, ha criticado duramente la reciente decisión del Poder Judicial de levantar el secreto de las comunicaciones de dos teléfonos pertenecientes al fallecido exmandatario. Esta medida fue ratificada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones, que rechazó el recurso de apelación presentado por la familia de García contra la resolución del juez Leodan Cristóbal.
El levantamiento del secreto de las comunicaciones fue autorizado por Cristóbal tras las diligencias fiscales realizadas en la vivienda de García el 17 de abril de 2019. Esta decisión está vinculada al caso ‘Metro de Lima’, relacionado con la empresa Odebrecht y el exministro aprista Luis Nava.
Reyna calificó el fallo como «absolutamente inconstitucional» y una «aberración jurídica completa», argumentando que es inusual y sin precedentes en la historia judicial levantar el secreto de comunicaciones de una persona fallecida. Además, señaló que esta medida también afecta la investigación de ocho coinvestigados vivos, quienes no han sido sujetos a la misma incautación de sus teléfonos.
«Lo más grave es que quieren ingresar a los celulares para investigar a ocho coinvestigados vivos», declaró Reyna, subrayando que esta acción no se ha aplicado a los otros involucrados en el caso. Finalmente, alegó que esta medida busca «afectar la imagen» de García Pérez, quien se suicidó cuando la Fiscalía llegó a su domicilio para detenerlo.
Resolución del Poder Judicial
La resolución emitida el 24 de mayo por la Sala Superior confirmó que la decisión del juez Cristóbal no vulnera el principio de legalidad procesal penal. El magistrado autorizó la apertura, extracción, y análisis de las comunicaciones almacenadas en los dispositivos incautados, siempre que estén relacionadas con la investigación formalizada y no incluyan información ajena a esta.
Cristóbal aclaró que, aunque Alan García fue excluido de la investigación tras su muerte, la Fiscalía busca información sobre los otros investigados con quienes García se comunicó mediante los dispositivos incautados. Esta información podría ser crucial para esclarecer presuntos hechos de lavado de activos vinculados a Odebrecht y Faresh Miguel Ayala Herrera.
La Fiscalía deberá informar al juzgado sobre la ejecución de esta medida, cumpliendo con los procedimientos legales establecidos en el Código Procesal Penal.
