La Contraloría General advirtió deficiencias en una obra vial, valorizada en más de S/ 4.7 millones, que une a los distritos de Miguel Checa, Marcavelica e Ignacio Escudero, en la provincia de Sullana, y por ello recomendó al Gobierno Regional de Piura, a través de la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna, la pronta adopción de acciones para no poner en riesgo la integridad de los usuarios ni afectar la funcionalidad de la infraestructura.
Según el Informe de Hito de Control N° 005-2023-OCI/5349-SCC, elaborado en el marco de la Ley N° 31358, que establece medidas para la expansión del control concurrente, durante la inspección realizada por la comisión de control se encontró un desnivel (bache) en el pavimento, en la zona de la alcantarilla en el tramo de Sojo, llegando al río Chira.
Además, en ambos tramos de la carretera, se aprecia un acabado rugoso con exposición del agregado que conforma la carpeta asfáltica. También se observaron deficiencias en la pintura de señalización y marcas en el pavimento en los sectores Marcavelica y Sojo a lo largo de todo el tramo.
Asimismo, en un tramo del centro poblado de Tangarará se constató el desgaste prematuro de la superficie del pavimento. Lo mismo se apreció en el tramo del centro poblado de Sojo, e incluso con presencia de agregado grueso redondeado y dos baches.
Los auditores también corroboraron la falta de señalización vertical y reductores de velocidad en una parte de la carretera, donde se reduce la vía por una alcantarilla.
Respecto a la existencia de dicha alcantarilla, no registrada en el expediente técnico y que es un obstáculo para el libre tránsito de la vía, ya se había advertido en otro informe de control concurrente.
Demora en recepciónLa obra de mejoramiento de los servicios de transitabilidad tramo de Sojo, acceso antiguo a Tangarará (río Chira), Tangarará, Santa Sofía y Ventarrones inició el 23 de junio de 2022 y debía culminar el 20 de setiembre pasado.
No obstante, la entidad aprobó ampliaciones de plazo. Además, la comisión de control verificó que la entidad no ha cautelado el cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa para la culminación de los trabajos en el plazo contractual vigente (22 de octubre de 2022), lo cual configura un retraso injustificado y esto es causal de aplicación de penalidad. Tampoco cauteló el cumplimiento de los plazos para la conformación del comité de recepción de la obra.
En tanto, el OCI del Gobierno Regional de Piura realiza un acompañamiento a la ejecución de los trabajos y hasta la fecha ha emitido tres informes, cuyas situaciones identificadas no han sido corregidas por la entidad.
