El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, logró zafarse de una segura sentencia por el delito de estafa y falsedad genérica, al acogerse a una ley de prescripción de procesos judiciales, por la que él mismo votó para su aprobación.
El 11 de mayo de este año, el Congreso dio luz verde por mayoría a la Ley n° 31751 que modificó el Nuevo Código Procesal Penal, ordenando acortar a un año el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal para todos los procesos penales. En ese momento nadie sospechó sobre quiénes serían los beneficiados con la iniciativa legislativa. El mismo Soto sería uno de ellos. La ley fue publicada el 25 de mayo.
Pocas semanas después, el 21 de julio, el juez titular del Tercer Juzgado Penal del Cusco, Carlos Román Gil, convocó a la defensa de la Empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu para resolver dos denuncias penales que interpuso contra el congresista Alejandro Soto por los delitos de estafa y falsedad genérica.
En el primer caso, la compañía alegaba que le había pagado S/20.000 a Alejandro Soto para que se encargara de la redacción de los estatutos de la empresa, pero nunca cumplió con el acuerdo y se quedó con el dinero.
El segundo caso está relacionado con la compra de un predio que hizo Alejandro Soto cuando era asesor legal de Waynapicchu. El 11 de abril del 2012, el ahora presidente del Congreso compró un terreno de 640 metros cuadrados a las comunidades campesinas de Ayamarca y Pumamarca, del distrito de San Sebastián, Cusco, por un monto de US$5.000.
Ocho meses después, Soto vendió el predio a la empresa donde trabajaba por US$250.000, lo que representaba un incremento de 5.000%.
De acuerdo con la imputación de la Empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu, Alejandro Soto ofreció al Directorio el terreno y los convenció para adquirirlo, ocultándoles que era de su propiedad.
Para dicho fin, actuó en complicidad con su amigo Juan Durand Gonzales, quien firmó el contrato con la empresa Waynapicchu, el 24 de diciembre del 2012, por un monto de US$250.000. Durand supuestamente era el corredor de una inmobiliaria.
Los miembros del Directorio argumentaron en su defensa que desconocían que el terreno era de Alejandro Soto Reyes y que todo el trámite lo hizo él mismo como asesor legal de la empresa
La defensa de la compañía probó documentalmente que el pago de los US$ 250.000 se hizo a nombre de Alejandro Soto Reyes. La primera parte se efectuó el 11 de noviembre del 2012 y la segunda, el 24 de diciembre del 2012.
No fue todo. El congresista Alejandro Soto consignó falsamente que el metraje del terreno adquirido por la empresa Waynapicchu era de 879,9 metros cuadrados, cuando en realidad contaba con 640,61 metros cuadrados. La diferencia era de 239,19 metros cuadrados.
La empresa Waynapicchu también acreditó ante las autoridades que Alejandro Soto hizo que la compañía pagara a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) el impuesto a la renta de segunda categoría, por un monto de S/24.879. Como dueño del predio, el abono le correspondía a Soto.
En su momento, la fiscal Ethel Marquina solicitó 8 años y 8 meses a Soto por los dos casos. Por estafa y falsedad genérica.
Luego de escuchar los alegatos, el juez Carlos Román, en aplicación de la Ley n° 31751, declaró la prescripción de la acción penal contra Alejandro Soto. Como puede apreciarse en el acta, Soto votó a favor de dicha ley que le convenía.
De hecho, el caso contra Soto estaba previsto resolverse el 12 de abril, pero lo postergó hasta el 21 de julio debido a que uno de los imputados no contaba con un abogado. Y su defensora de oficio era la esposa del mismo magistrado.
Coincidentemente, aprovechando la postergación de su juicio, Alejandro Soto logró la aprobación de la ley que lo favorecía. Y así ocurrió.
Fuente: La República
