La exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, seguirá recluida en el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres en el distrito limeño de Chorrillos, luego de que el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada la nueva solicitud que hizo para que se ordenará el cese del mandato de prisión preventiva que se le impuso por su presunta participación en el fallido golpe de Estado que protagonizó el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.
La defensa legal de Chávez Chino alegaba que su patrocinada viene sufriendo una prisión injusta y desproporcionada, no prevaleciendo la presunción de inocencia; al mismo tiempo, precisó que ya no concurre el peligro de obstaculización en atención a una resolución de la Corte Suprema emitida en vía de casación en la que se establece que la no entrega de un equipo celular no puede ser considerada como una conducta obstruccionista o como indicio de culpabilidad, incluyendo este derecho la posibilidad de la imputada de no aportar evidencia que la autoincrimine.
Ante ello, el abogado solicitaba que se dé la oportunidad a su cliente de poder defenderse de los cargos que le atribuye la Fiscalía en libertad y tener derecho a un mandato de comparecencia.
El argumento judicial
No obstante, el juez supremo Juan Carlos Checkley desestimó estos argumentos al precisar que existe el peligro de fuga por parte de Betssy Chávez por haber intentado huir hacia la Embajada de México en Lima, tras el fracaso del golpe de Estado.
«En ese sentido, acreditada la existencia de peligro de fuga, se puede reafirmar que existe peligro procesal y que, por ende, no se ha enervado tal presupuesto de la prisión preventiva. Sin perjuicio de ello, también corresponderá reafirmarse la subsistencia de peligro de obstaculización, puesto que el criterio jurisdiccional correspondiente al Recurso de Casación N°996-2024/Tacna resulta insuficiente para desvirtuar el peligro de obstaculización en este caso concreto, toda vez que existen otras situaciones advertidas además del inicial ocultamiento y entrega tardía del equipo celular «, indica el magistrado en su resolución, a la que tuvo acceso RPP, emitida el último 10 de septiembre.
En ese sentido, el juez supremo Checkley Soria determinó que subsisten los presupuestos del mandato de prisión preventiva impuesta a Chávez Chino, al recordar también que tras el fracaso del golpe de Estado dispuso que toda la documentación y equipos (laptops y carteras, entre otros) que se encontraban en sus oficinas en la PCM fuesen recogidos y entregados a ella, lo que calza en el supuesto de peligro de obstaculización previsto en el artículo 270° numeral 1 del Código Procesal Penal (CPP).
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 25 años de prisión contra Betty Chávez por el presunto delito de rebelión.
