La fiscalía allana a esta hora el estudio de abogados Oré Guardia, ubicado en San Borja, como parte de las investigaciones por los aportes al partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular). La autorización fue dada por el juez Richard Concepción Carhuancho a pedido del fiscal José Domingo Pérez.
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Según la resolución que autoriza la medida, la fiscalía realizó el requerimiento con el fin encontrar “libros y/o registros de contabilidad y administrativos del estudio Oré Guardia, que tengan relación al Partido Político Fuerza 2011 y Fuerza Popular, correspondientes a los años 2010 a 2016”.
Asimismo, libros y registros vinculados a los investigados y al partido; documentación contable y/o administrativa relacionada a la campaña electoral del partido político correspondientes y de los años 2010 al 2018; equipos de cómputo; y otros elementos pertinentes al objeto de investigación.
“En el presente caso concreto existen suficientes elementos de convicción sobre los hechos materia de investigación, específicamente en cuanto a la perturbación a la averiguación de la verdad desplegada por el abogado Edward García Navarro (miembro del Estudio Oré Guardia…”, señala la resolución judicial.
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García Navarro ha sido abogado de Keiko Fujimori y actualmente también se desempeña como defensor legal de José Chlimper, ex secretario general de Fuerza Popular.
El documento cita la declaración del testigo protegido TP 2017-55-10, de donde “se desprende que los abogados Edward García Navarro y Giuliana Loza Ávalos habrían contactado al abogado Fernando Carreras Segura a fin que acompañen a los falsos aportantes, en el sentido que reconocerían que habrían efectuado los aportes (cuando en realidad no lo habían hecho)”.
Loza es actualmente abogada de Keiko Fujimori.
Asimismo, se señala que “del contenido de la declaración del colaborador eficaz 8 se tiene que Jorge Yoshiyama Sasaki y su abogado García Navarro habrían influenciado sobre los falsos aportantes, para que reconocieran los aportes, e incluso le habrían puesto abogados…”.
En ese sentido, la resolución señala que al interior del bien inmueble “se habrían producido actos de obstaculización a la actividad probatoria, concretizado en que el abogado Edward García Navarro, miembro del Estudio Oré Guardia, habría reclutado a los abogados a fin que asesoren a los aportantes, a efectos que reconozcan las aportaciones (a pesar de no haberlo hecho en la realidad), procediendo incluso a efectuar el pago con dinero en efectivo al abogado reclutado…”.
La medida de allanamiento con descerraje y registro domiciliario e incautación de bienes delictivos o cosas relevantes con la investigación tendrá una duración de 48 horas, plazo iniciado hoy.
Fuente: El Comercio
