Aunque aún no ha postulado a la presidencia, las iniciativas de Antauro Humala han comenzado a influir en el Parlamento. Entre ellas destaca una de las más discutidas: la instauración de la pena de muerte como sanción para los delitos de corrupción. Este debate coincide con la intención del gobierno liderado por Dina Boluarte de abrir un espacio para analizar el uso de esta sanción en casos de agresiones sexuales a menores.
El congresista Alfredo Pariona, miembro de la Bancada Socialista, presentó un proyecto de ley que une ambas propuesta y sugiere que un conjunto de delitos graves sean causales de la aplicación de la pena de muerte en el Perú, entre los que se incluyen la violación de menores, la corrupción, el narcotráfico e incluso la extorsión.
La propuesta, que ya fue presentada ante el Congreso el pasado 3 de enero, busca modificar la Constitución para añadir un nuevo párrafo en el artículo 140 del documento.
“La necesidad probada de incorporar nuevos delitos con pena de muerte, especialmente aquellos vinculados con ilícitos graves como el narcotráfico, la corrupción de funcionarios públicos, la extorsión y la integridad de los niños y adolescentes, habilita al Estado peruano a iniciar el proceso de denuncia respecto del tratado que corresponda”, es el texto adicional propuesto por el documento que lleva la firma del parlamentario electo por Perú Libre.
En declaraciones a un medio de comunicación, Pariona justificó la presentación de su proyecto como un ‘primer paso’ para desvincularse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “No estamos insistiendo, estamos planteando una reforma constitucional para habilitar al Estado peruano a iniciar el proceso de denuncia de la Convención para posteriormente poder modificar el Código Penal e imponer la pena capital para delitos graves (…) Es una medida razonable y proporcional, no es arbitraria”, indicó.
Fuente: Infobae
