Esta semana, la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, aprobó importantes cambios en el Nuevo Código Procesal Constitucional. Entre los más controvertidos, destaca la reducción del número de votos necesarios en el Tribunal Constitucional (TC) para resolver demandas competenciales, que ahora solo requerirá cuatro votos. No obstante, esta no es la única modificación que ha generado críticas desde diversos sectores.
El nuevo proyecto también otorga al Congreso el poder de someter a altos funcionarios a procesos de acusación constitucional, un juicio político que ya no podría ser revertido por el Poder Judicial (PJ), incluso si los acusados consideran que sus derechos fueron vulnerados. En palabras del abogado constitucionalista Heber Joel Campos, “este extremo de la propuesta es groseramente inválido”, lo que deja en claro la preocupación sobre la falta de protección de los derechos fundamentales.
Consecuencias para la justicia y la democracia
Uno de los puntos más críticos del proyecto es que, en caso de una demanda de amparo, los jueces se verían obligados a rechazarla de plano, sin siquiera iniciar el trámite. Esta disposición preocupa a expertos como Beatriz Ramírez, abogada constitucionalista, quien advirtió que «se blindan las decisiones del Congreso contra el control constitucional». Es decir, las decisiones legislativas quedarían fuera del alcance del PJ, lo que plantea un posible desequilibrio de poder entre las instituciones del Estado.
El impacto de esta ley, de ser aprobada en el Pleno, se vería reflejado en casos como el de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, inhabilitada en junio de 2023. De haber estado vigente esta norma, Ávalos no habría podido recurrir al PJ para interponer una demanda de amparo y regresar al Ministerio Público (MP).
Implicaciones para los altos funcionarios y el Congreso
No solo los altos funcionarios estarían en riesgo. Heber Joel Campos subrayó una contradicción en esta ley, ya que incluso los actuales congresistas podrían verse afectados. Si en un futuro un nuevo Congreso decidiera acusar constitucionalmente a los legisladores actuales, «no podrían cuestionar esa decisión», afirmó el abogado. La inhabilitación o destitución de congresistas sería irreversible bajo esta nueva normativa.
Esta situación también afectaría otras decisiones clave del Legislativo, como la elección y destitución de funcionarios de alta relevancia, incluyendo al contralor, los magistrados del TC y el defensor del Pueblo, según Campos.
Reacciones en contra del dictamen
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha manifestado su oposición a esta reforma, indicando que «rebajar el nivel de protección de los derechos trae como consecuencia el ejercicio incontrolado del poder». La Asociación Civil Constitucionalismo Crítico también se ha pronunciado en contra, argumentando que estas reformas favorecen una peligrosa concentración de poder en el Congreso y afectan gravemente la separación de poderes, lo que podría erosionar la calidad de la democracia en el país.
Este proyecto de ley, que ahora pasa al Pleno del Congreso para su debate, ha encendido las alarmas sobre el futuro del control constitucional y el equilibrio de poderes en el Perú.
Fuente: La República