El congresista Carlos Anderson (no agrupado) presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal a fin de endurecer las penas por el delito de concusión, ello ante los casos de recorte de sueldos por parte de funcionarios públicos en perjuicio de su personal.
La propuesta legislativa plantea modificar el artículo 382 del Decreto Legislativo 635, Código Penal, referido al mencionado delito, que consiste en “obligar o inducir a una persona a dar o prometer indebidamente un beneficio patrimonial, para sí o para otro”.
En ese sentido, propone incluir que este puede ser cometido por el funcionario no solo a título personal, sino también a través de terceros. En dicho caso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años, inhabilitación -según corresponda- y 180 a 360 días multa.
En tanto, el delito de concusión será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años, con inhabilitación para el ejercicio de función pública, inhabilitación definitiva para asumir cargo político alguno y 365 días multa, si quien comete el delito es presidente de la República, congresista de la República o ministro de Estado.
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Dicha sanción también aplicará si el agente es viceministro de Estado, miembro de cualquier organismo constitucionalmente autónomo; magistrado; fiscal; titular de organismos públicos o entidades públicas; tanto organismos públicos ejecutores como organismos públicos especializados; organismos reguladores; y organismos técnicos especializados.
De igual modo, si es titular de programas y proyectos; titular de entidades administradoras de fondos intangibles de la seguridad social; miembro del directorio de personas jurídicas que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa; miembro de consejos directivos de entidades públicas; gobernador regional; consejero de los gobiernos regionales; alcalde; regidor y procurador público.
En la exposición de motivos, el congresista Carlos Anderson señala que el proyecto nace a raíz de los últimos casos en donde altos funcionarios habrían obligado o inducido a sus trabajadores “a dar o hacer determinada acción para obtener un beneficio” y menciona algunos antecedentes de casos de recortes de sueldo, como el del exparlamentario Wilson Urtecho, destituido por esta causa en 2013.
