El Congreso dio el primer paso para inhabilitar por diez años para ejercer un cargo público al suspendido legislador Freddy Díaz Monago, quien fue denunciado por violación a una trabajadora de su despacho, a fines de julio pasado. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó esta mañana el informe final con esa recomendación.
El acuerdo debe ser ratificado por la Comisión Permanente y luego por el pleno del Congreso. Además, se deberá nombrar a los delegados que sustenten la acusación.
Freddy Díaz -quien tras conocerse la denuncia fue expulsado de Alianza para el Progreso y además investigado por la fiscalía- sería acusado por la presunta infracción de los artículos 38 y 39 de la Constitución.
Las denuncias constitucionales fueron presentadas por los congresistas Patricia Chirinos y Adriana Tudela, de Avanza País; Edward Málaga (No Agrupado), así como Flor Pablo, Kira Alcarraz y Susel Paredes, de Integridad y Democracia, y Ruth Luque Ibarra (Cambio Democrático).
El encargado de elaborar el informe final fue el congresista Luis Aragón Carreño (Acción Popular), delegado de las denuncias.
El 3 de diciembre, los abogados Katty Cachay Carmelo, Llissett Garrido Ortiz y Christian Rubina Arenas renunciaron a la defensa de Freddy Díaz ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento y la Fiscalía Suprema.
