La Contraloría General identificó fallas en el funcionamiento de un total de 124 cámaras de videovigilancia en seis localidades de la región, por lo que recomendó a cinco municipalidades provinciales y una distrital responsables de su operación y mantenimiento adoptar acciones para no afectar el monitoreo permanente del sistema de seguridad ciudadana en estas localidades.
Se trata de las comunas de Sechura, Talara, Piura, Paita, Sullana y Bellavista (Sullana), cuyos alcaldes recibieron los informes de control respectivo de manera oportuna y se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para que remitan su plan de acción al Órgano de Control Institucional.
De acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 20205-2021-CG/PC-SVC, las ocho cámaras que cuenta la Municipalidad Provincial de Sechura no funcionaban desde hace más de cuatro meses, debido a una falla técnica en el sistema. Además, se evidenció que el espacio donde debería efectuarse el monitoreo es reducido.
En la provincia Talara solo funcionaba una cámara de las dieciocho instaladas. Si bien dicha cámara cumplía con almacenar la grabación en el plazo mínimo establecido en la norma (45 días), el resto de equipos estaba inoperativo, de acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 20209-2021-CG/PC-SVC.
Respecto al distrito de Bellavista (Sullana), solo siete de treinta de estos equipos estaban en funcionamiento y solo tenían un registro de 31 días de grabación de los videos, por lo que tampoco cumplía con el tiempo mínimo. Piura, Paita y Sullana.
En el caso de la provincia de Piura se verificó que 44 de 103 cámaras no estaban operativas, en Paita no funcionaban 20 de 67 de estos equipos y en Sullana un total de 12 cámaras presentaban fallas de 54 instaladas.
Asimismo, se verificó que las entidades no almacenan las grabaciones por el plazo mínimo establecido en la norma, lo que podría impedir que la ciudadanía e instituciones accedan a estos videos.
En las visitas realizadas en octubre último por auditores de la Subgerencia de Participación Ciudadana acompañaron monitores ciudadanos, que son personas voluntarias capacitadas y acreditadas por Contraloría General en el ejercicio del control social.
