Durante el primer semestre del año en curso, el Sistema Nacional de Control, liderado por la Contraloría General, ha concluido 8,267 servicios de control gubernamental (previo, simultáneo y posterior) con la finalidad de contribuir a garantizar el buen uso de los recursos públicos y formular recomendaciones que permitan mejorar las intervenciones públicas, en beneficio del ciudadano.
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La Contraloría destacó que el 85% de los 8,267 servicios de control concluidos corresponden a control simultáneo, los cuales tienen un carácter preventivo y permiten alertar oportunamente a los gestores públicos sobre los hechos o situaciones adversas identificadas en los procesos en curso, con la finalidad de que adopten de forma inmediata acciones correctivas que contribuyan a superar o mitigar los riesgos identificados.
Dentro del control simultáneo destaca el nuevo modelo de control concurrente en el marco del proceso de Reconstrucción con Cambios en las 13 regiones afectadas por el Fenómeno El Niño Costero. En el primer semestre, se han emitido 198 informes, donde se han identificado 487 hechos que ponen en riesgo servicios y obras de prevención y reconstrucción en siete regiones afectadas (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima e Ica).
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Cabe precisar que el 56% de las 487 situaciones adversas identificadas corresponden a aspectos vinculados a la ejecución contractual y el 44% están referidos a los procedimientos de selección.
Al 10 de agosto, la Contraloría General ha identificado 534 hechos que ponen en riesgo servicios y obras de prevención y reconstrucción en siete regiones afectadas por El Niño Costero.
Anuncian nuevos operativos de control
Como parte del control simultáneo, la Contraloría General anunció que en el segundo semestre del año en curso realizarán cuatro nuevos operativos de control a nivel nacional: en los programas sociales (Qali Warma), seguridad ciudadana (que comprende comisarías y servicio de serenazgo), gestión de residuos sólidos (recojo de basura y disposición final) y transferencia de gestión administrativa a nuevas autoridades (para coadyuvar a la continuidad de la prestación de los servicios públicos tras la elección de nuevas autoridades regionales y municipales).
Recientemente, se ha concluido el operativo “Entrega de Kits de abrigo” en 13 regiones del país para verificar que más de cien mil niños menores de cinco años reciban de manera oportuna las prendas de vestir y abrigo que fueron adquiridas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como parte del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 que lidera la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y cuyos resultados del control serán dados a conocer a la ciudadanía en los próximos días.
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Estos cinco operativos se sumarán a los tres operativos realizados durante el primer semestre del año en todo el país: “Buen inicio del año escolar”, “Vigilamos juntos la reconstrucción” y “Por una salud de calidad”, que tienen como finalidad comunicar a los gestores públicos sobre los hechos identificados a fin de que adopten las acciones correctivas del caso destinadas a mejorar las intervenciones públicas y, por consiguiente, la prestación de obras y servicios a los ciudadanos.
Control posterior
Durante el primer semestre, el Sistema Nacional de Control también ha realizado el control posterior con la finalidad de evaluar los actos y resultados de las entidades en la gestión de los bienes, recursos y operaciones institucionales. Comprende auditorías de cumplimiento (donde se puede identificar presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa), financiera y de desempeño.
Como resultado del control posterior, en el primer semestre del año, la Contraloría General ha sancionado a 797 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional por haber incurrido en infracciones administrativas graves o muy graves durante el ejercicio de sus funciones, razón por la cual se encuentran impedidos de laborar temporalmente en el Estado.
De todos los sancionados, 38 funcionarios y servidores cuentan con más de una sanción vigente, en cuyo caso la suspensión o inhabilitación que se aplica es la que se extiende por un mayor lapso de tiempo.
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De acuerdo a la gravedad de las infracciones, los funcionarios y servidores públicos fueron suspendidos de 30 a 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública de 1 a 5 años.
Los cinco departamentos que concentran el mayor número de funcionarios y servidores con sanción vigente son Lima (140), Lambayeque (71), Cajamarca (59), Arequipa (54) y Tumbes (50).
Acciones judiciales
Como resultado de las auditorías de cumplimiento realizadas por la Contraloría General, durante el periodo enero a junio del 2018, se han iniciado 82 procesos judiciales que comprenden a 680 funcionarios, ascendiendo el monto involucrado en estos procesos a S/ 375.22 millones.
La mayor incidencia de funcionarios con responsabilidades penales o civiles se registra en los gobiernos locales (42.7% del total), tal como se muestra en el siguiente cuadro:
