La Contraloría General señaló presunta responsabilidad penal y administrativa de funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huancabamba (gestión 2019-2022) por permitir la suscripción de contrato con un consultor que no acreditó la experiencia de la totalidad del personal clave y equipamiento estratégico para elaborar un expediente técnico de la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y creación del servicio de saneamiento en los sectores Cumbata y Santa Rosa, del caserío de Cajas Shapaya, en el distrito de El Carmen de la Frontera.
Además, los servidores dieron conformidad y autorización de pago sin aplicar penalidades en la ejecución del servicio. Sumado a esto, permitieron la devolución de la retención de garantía de fiel cumplimiento, ocasionando un perjuicio económico a la entidad por S/ 126 340.
De acuerdo con el Informe de Control Específico N° 024-2023-2-0451-SCE, el consultor no cumplió con acreditar la experiencia del personal clave en los cargos de especialista en sistemas de agua potable y especialista en disposición sanitaria de excretas, ni acreditó la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido, vulnerando las condiciones previstas en las bases integradas del procedimiento y la normativa de contrataciones aplicable. El contrato fue firmado el 30 de junio de 2022.
Pese a que el servicio no se ejecutó conforme a las cláusulas contractuales, los servidores públicos dieron conformidad y autorizaron los pagos. Esta situación también vulneró los términos de referencia de las bases.
De esta manera, el consultor se favoreció con la contratación ascendente a S/ 144 000. Asimismo, se afectaron los fines institucionales de la entidad orientados a mejorar la calidad y garantizar la disponibilidad de agua potable apta para el consumo humano durante las 24 horas del día, asegurar el buen funcionamiento de las unidades básicas de saneamiento para la disposición sanitaria de excretas con el propósito de disminuir las enfermedades y mejorar la calidad de vida de la población beneficiada.
Como resultado del control posterior, se determinó la presunta responsabilidad penal de tres funcionarios de la entidad. Además, se señaló presunta responsabilidad administrativa bajo la potestad sancionadora de la Contraloría general. Por esta razón, se ha recomendado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción el inicio de las acciones penales en contra de los involucrados y al titular de la entidad las medidas que son de su competencia.
