En el año 2023, la Contraloría General realizará diversos operativos de control específicos que se inician en el mes de marzo con el despliegue de 1300 auditores en todas las entidades del gobierno nacional, los poderes del Estado, organismos autónomos y organismos descentralizados, anunció el contralor general Nelson Shack.
Durante su discurso con motivo del 93 aniversario de la Contraloría General, señaló que otros operativos de control que se desarrollarán a lo largo del presente año verificarán la atención primaria en establecimientos de salud en el país, y sobre el cumplimiento de los perfiles de cargo.
«También se realizará un operativo de control a las consultorías en el Estado para verificar su legalidad, consistencia y justificación a través de los entregables, y un operativo en materia de seguridad ciudadana donde se verificará la operatividad, infraestructura, equipos y recursos existentes en las comisarías a lo largo y ancho del Perú”, informó el contralor General.
Asimismo, anunció que este año la Contraloría General realizará del mismo modo, un operativo para supervisar el cumplimiento de las normas de inclusión de las personas con discapacidad.
El contralor general informó que en el último año la Contraloría ha señalado responsabilidades en 8730 funcionarios públicos.
El 71% de ellos tienen cargos directivos, y están comprendidos 134 titulares de entidades públicas. En ese sentido, señaló que se ha enviado al Poder Ejecutivo la lista de dichos funcionarios que laboran en las entidades del gobierno para que procedan de inmediato con las sanciones administrativas que están dentro de su competencia.
“No se trata solo de detectar si no también de que la ciudadanía no siga viendo a los malos funcionarios detrás de un escritorio o rotando a otra entidad. Tenemos que cerrar el ciclo. No hay efectividad en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional si no hay sanción célere, predecible y ejemplar”, manifestó Shack.
Al respecto, informó que la Contraloría General ha iniciado el trabajo del procedimiento administrativo sancionador, luego de formar un tribunal altamente competente, con miembros elegidos en un riguroso concurso público.
Agregó que el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas ha emitido resoluciones sancionatorias y que, a la fecha, nueve funcionarios han sido inhabilitados de la función pública por las graves y muy graves irregularidades.
Estimó que este año se procesará a más de mil funcionarios y servidores públicos a nivel nacional.
