La Contraloría General de la República enviará a todos los partidos políticos y congresistas la relación de funcionarios comprendidos en procesos sancionadores y sancionados por actos de inconducta funcional y corrupción, para que evalúen a sus postulantes a las próximas elecciones regionales y municipales.
Redacción
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Así lo anunció el contralor general, Nelson Shack Yalta, durante la III Audiencia Pública Descentralizada Conjunta «Corrupción, Seguridad y Desarrollo Sostenible», que se realiza en Chimbote, región Áncash.
Esta relación estará publicada en el portal institucional www.contraloria.gob.pe para que todos los ciudadanos conozcan a los malos funcionarios, a quienes se les halló responsabilidad civil, penal o administrativa, ya que solo deben trabajar en el Estado los que tengan una verdadera vocación de servicio.
Shack destacó que este nivel de transparencia se alcanza con la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control – Ley N° 30742, que permite también la publicación de todos los informes que realizan los auditores sobre diversas obras y servicios que se ejecutan en el país, principalmente los relacionados a la Reconstrucción con Cambios, para los cuales se viene aplicando el control concurrente.
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Con el control concurrente, explicó, el mal funcionario no tiene libertad para hacer sus fechorías porque la Contraloría acompaña al ejecutor en cada fase del proceso.
“Si incurren en delitos, automáticamente se verán reflejados en los informes que ahora son públicos, y no son reservados como antes”.
Coordinación interinstitucional
Nelson Shack manifestó que la Contraloría es solo una parte del engranaje complejo en la lucha contra la corrupción, por ello, se realizará un seguimiento de todos los informes de auditoría y carpetas de control que con indicios de ilícitos penales se derivaron al Ministerio Público, para que se hagan efectivas con sanciones ejemplares y firmes.
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“Gracias a la Ley de Fortalecimiento estamos reestructurando por completo el sistema administrativo sancionador, y no les quepa duda que en poco tiempo habrán malos funcionarios que serán sancionados públicamente, suspendidos e inhabilitados de la función pública para que no sigan haciendo daño, y ojalá que en esos casos el sistema de administración de justicia actúe con celeridad y predictibilidad para que también sean merecedores de la sanción penal que todos los peruanos exigen”, expresó.
Control en provincias de Áncash
En otro momento, el Contralor General informó que se está fortaleciendo el control en cada una de las veinte Municipalidades Provinciales de Áncash, mediante la designación de Jefes en los Órganos de Control Institucional (OCI), que depende administrativamente de la CGR, generando así su total autonomía e independencia, para que no dependan de los alcaldes ni del Gobernador Regional. Hasta la fecha ya se nombró a 16 Jefes de OCI.
“La Ley de Fortalecimiento nos permite, no solo nombrar al Jefe del OCI, sino a todo el equipo de profesionales de estas oficinas, ese es el compromiso que hemos asumido también para controlar el proceso de transición municipal y regional producto de las elecciones de octubre próximo”, indicó Shack Yalta al señalar que la implementación de esta medida de control se realizará hasta setiembre próximo.
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Capacitación
De otro lado, dio a conocer que los fiscales anticorrupción capacitaron el año pasado a mil auditores de la Contraloría General de la República, y en este año nuestros mejores auditores harán lo propio con mil fiscales a nivel nacional.
“Ese intercambio de conocimiento les sirve para ambas instituciones. Así como ellos capacitaron a nuestros auditores en Teoría del Proceso y en Teoría del Delito, los fiscales requieren reforzar sus conocimientos sobre los Informes de Control, sobre el Sistema Nacional de Contrataciones y de Inversión Pública. Es necesario que los fiscales tengan Informes bien sustentados para que realicen sus respectivas investigaciones”, anotó.
Dato
La CGR a nivel nacional a través de sus Gerencias Regionales de Control está pidiendo cuenta al Ministerio Público sobre las carpetas de control e informes de control remitidos a los despachos fiscales.
