El alcalde de la provincia de Ayabaca, Humberto Marchena Villegas, se presentó a la audiencia de control de acusación que estaba programada para ayer en la ciudad de Sullana.
La autoridad lucía el rostro demacrado y con un tono pausado declaró a los medios de comunicación minutos antes de que se diera inicio a la audiencia, la cual fue postergada por la inasistencia de uno de las abogados.
El alcalde dijo estar tranquilo frente a la acusación del representante del Ministerio Público, quien ha pedido doce años de cárcel efectiva para su persona por los delitos de colusión y negociación incompatible.
“El que va a determinar (respecto a su caso) es el Poder Judicial porque hay autoridades que no hacen bien las investigaciones”, dijo.
El burgomaestre alega que no hay pruebas que lo incriminen en la denuncia fiscal considerando que si bien él es el titular de la municipalidad, también existió un comité de adjudicaciones encargado de los procesos que ahora son investigados.
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Dicho comité era presidido por el exfuncionario Marino Rogelio Tafur Castillo, también comprendido en la investigación, al igual que la ex administradora.
“Es problema del comité de adjudicaciones que hace eso (contrataciones). El alcalde ni siquiera está presente en esos procesos de acuerdo a ley”, se defendió la autoridad.
En esa misma línea, el alcalde dijo que “no puede estar revisando la documentación (de los postores) para eso hay un comité designado que lo integra no cualquier persona, sino profesionales”.
De acuerdo con la Fiscalía, la municipalidad celebró 13 contratos con la docente Maximina Granadino, quien sería la concuñada del alcalde Humberto Marchena. Para ella, la Fiscalía ha pedido 24 años de cárcel efectiva. Finalmente, se postergó por cuarta vez la audiencia para el 22 de marzo próximo por inasistencia del abogado de la docente.
Fuente: Correo
