El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se ha manifestado respecto a la reciente aprobación del dictamen del Congreso que delimita la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002.
El jueves, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación, una propuesta de ley impulsada por Fuerza Popular. Esta ley establece que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad entran en vigor en Perú a partir del 2002. Como resultado, los delitos cometidos antes de esa fecha no estarían incluidos, lo que implicaría que juzgar a alguien por estos crímenes iría en contra de los principios de legalidad y de irretroactividad.
Dos días antes de esta aprobación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) instó al Estado peruano a tomar medidas para evitar que la propuesta legislativa se adopte, deje sin efecto o no se le otorgue vigencia. La Corte IDH subrayó la importancia de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de estos crímenes.
La aprobación del dictamen ha generado controversia, ya que podría beneficiar al expresidente Alberto Fujimori en sus procesos penales pendientes, como el caso de la masacre de Pativilca, así como a militares implicados en este tipo de delitos. Elio Riera sugirió que una eventual postulación de Fujimori sería para un mandato presidencial, y afirmó que no hay imputaciones contra él por delitos de lesa humanidad.
En declaraciones a TV Perú, Josué Gutiérrez cuestionó la aplicación del Estatuto de Roma «con anterioridad» a su entrada en vigencia en Perú. «El Tratado de Roma es de 1998, Perú se adhiere en 2001 y se ratifica para su vigencia en 2002. Entonces, la pregunta es: ¿se puede aplicar ese tratado que es ya vinculante con Perú con anterioridad a la misma?”, indicó Gutiérrez.
Gutiérrez también se refirió a la posibilidad de que Alberto Fujimori se beneficie de la norma aprobada por el Parlamento. «Sobre él, creo que no hay ninguna imputación sobre delitos de lesa humanidad, pero con relación a los militares que están procesados probablemente sí, pero, en todo caso, nosotros no nos pronunciamos a quién beneficia o a quién perjudica, porque eso sería individualizar una ley», explicó.
