El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, junto a los ministros de Ambiente y Desarrollo Agrario, Juan Carlos Castro y Ángel Manero, enfrentan una denuncia penal por cuatro delitos vinculados a incendios forestales. La acusación también incluye a Nelly Paredes del Castillo, actual directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y extitular del Midagri.
Según un documento, la investigadora Lucila Pautrat presentó las siguientes imputaciones: omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; otorgamiento ilegal de derechos; otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles; y avocamiento ilegal de proceso en trámite. Pautrat solicita que el Ministerio Público inicie las diligencias preliminares en un plazo máximo de 60 días naturales, incluyendo la programación de declaraciones tanto de ella como de los investigados.
La denuncia sostiene que los ministros y el premier habrían incurrido en el delito de avocamiento ilegal de proceso en trámite al intentar implementar una clasificación de tierras y reglas sobre el cambio de uso para actividades agropecuarias, tras la emisión de dos resoluciones por parte del Midagri. «Las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Colegio de Sociólogos del Perú y el Gobierno Regional de San Martín han sido admitidas a trámite por el Tribunal Constitucional«, detallan los documentos.
Respecto a la imputación por otorgamiento ilegal de derechos, se menciona que el ministro Ángel Manero anunció en el Parlamento que a partir de agosto del próximo año se impulsaría un programa de formalización de predios agrarios. Sin embargo, la denunciante alega que estos predios no contaban con los títulos habilitantes ni los estudios necesarios, ya que están ubicados en áreas invadidas, deforestadas, y ocupadas de forma ilegal sobre bosques y tierras de protección.
La denuncia recalca: “Tanto el Midagri como el Congreso tenían pleno conocimiento de la imposibilidad jurídica de titular áreas deforestadas y ocupadas ilegalmente, por ser en su totalidad Tierras Forestales y de Protección con Cobertura Boscosa”.
Los delitos tipificados en el artículo 410° del Código Penal conllevan penas de hasta dos años de cárcel y inhabilitación, mientras que las acusaciones bajo los artículos 314 y 376-B podrían implicar penas de entre cuatro y ocho años de prisión, dependiendo del contexto del delito.