La Contraloría General detectó irregularidades en la aprobación y actualización del expediente técnico para la obra de instalación del servicio de agua potable y de eliminación de excretas en los caseríos de la zona de San Martín CP03 del distrito de Tambogrande, en la provincia de Piura, lo cual causó un perjuicio económico de S/ 230 194,29. Cinco exfuncionarios y exservidores de la Municipalidad Distrital de Tambogrande tendrían responsabilidad penal y/o administrativa en los hechos.
Según el Informe de Control Específico N° 20279-2021-CG/GRPI-SCE, que forma parte de los servicios ejecutados del Megaoperativo de Control de Piura, la comuna de Tambogrande aprobó el expediente técnico en el año 2017, así como su actualización, pese a estar incompleto y con deficiencias, sin firmas de especialistas y sin cumplir con lo establecido en las bases integradas del proceso de concurso público para la contratación de un servicio de consultoría. Incluso, la entidad omitió implementar las recomendaciones y adoptar acciones en virtud de otros informes de Contraloría que ponían en evidencia las mismas fallas.
Entre las deficiencias identificadas en el expediente técnico está la falta de un Estudio de Impacto Ambiental, tampoco presenta la lectura del levantamiento topográfico del área existente al milímetro ni contiene un estudio de intervención social. Tampoco incluyó autorizaciones que permitieran la obtención de licencia de uso de agua superficial o subterránea debidamente aprobadas por la entidad, y no cuenta con planos de ejecución de obra.
A pesar de estas irregularidades, los encargados de la revisión del expediente de las áreas de Servicios Técnicos de Ingeniería e Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural emitieron opinión técnica favorable para la aprobación de este documento. Además, están comprendidos en los hechos un ex gerente municipal y un exalcalde, quien aprueba el expediente técnico y su actualización.
A finales de 2017, la entidad firmó un contrato para la ejecución de la obra por más de S/ 34.8 millones. Recién en marzo de 2018 se iniciaron los trabajos, los cuales debieron concluir al siguiente año y luego por adicionales y ampliaciones de plazo se fijó como fecha de término contractual el 8 de enero de 2020.
El resultado del servicio de control posterior fue comunicado al alcalde distrital de Tambogrande para el deslinde de responsabilidad administrativa de las personas involucradas, al Concejo Municipal para las acciones que correspondan y al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para el inicio de las medidas penales contra los exfuncionarios.
