La presidenta Dina Boluarte cumple hoy dos años en el cargo, sostenida por el respaldo de Fuerza Popular y APP. Enfrenta ocho investigaciones fiscales por denuncias como abandono del cargo, enriquecimiento ilícito y muertes en protestas, sin que el Ejecutivo haya logrado desmentirlas. Su ex primer ministro Alberto Otárola confirmó varios hechos ante el Congreso.
De las ocho investigaciones contra Dina Boluarte, solo dos han avanzado: una por homicidio y lesiones graves durante las protestas, y otra por el caso «Rolexgate». Este último ha generado mayor acuerdo en el Congreso, mientras que las denuncias por represión siguen sin prioridad. En cuanto a las mociones de vacancia, ninguna de las ocho presentaciones ha prosperado, gracias al rechazo constante de Fuerza Popular y la falta de consenso en el Congreso. La situación refleja la inacción política frente a una crisis creciente.
El Congreso ha bloqueado cualquier intento de que Dina Boluarte rinda cuentas por las investigaciones en su contra. Siete mociones fueron rechazadas y una archivada tras el retiro de firmas de algunos congresistas. Aunque Susel Paredes impulsa una nueva moción de vacancia, solo ha conseguido 14 de las 26 firmas necesarias, mostrando la falta de respaldo político para este tipo de acciones.
Líderes como César Acuña de APP han instalado al Congreso a abandonar las vacantes y centrado en la economía y seguridad, mientras Fuerza Popular también se opone a una nueva vacancia, defendiendo la ausencia de Boluarte por motivos de salud. A pesar de ello, las críticas persisten, y sectores minoritarios advierten que la situación de Boluarte podría volverse insostenible si no hay soluciones concretas.
El panorama para el gobierno de Dina Boluarte sigue complicándose a medida que la desaprobación ciudadana crece y las tensiones políticas se intensifican. La caída de popularidad de Boluarte, reflejada en el 94% de desaprobación según las encuestas, resalta una profunda desconexión entre su gestión y las expectativas de la población. Esta situación se ve agravada por diversos escándalos, como el caso de su hermano Nicanor Boluarte y la controversia en torno a su cirugía, además de la persistente crisis de inseguridad ciudadana.
A pesar de los intentos de minimizar la percepción negativa, como las declaraciones del primer ministro Gustavo Adrianzén sobre las encuestas, los problemas estructurales y la falta de respuestas concretas han erosionado la confianza en el gobierno. La referencia de Boluarte a la inestabilidad política de los últimos años en el Perú no parece haber sido suficiente para aplacar los crecientes pedidos de su salida, en un contexto donde la frustración y la polarización siguen marcando el clima político del país.
