La presidenta Dina Boluarte acudió ayer al despacho de la fiscal de la Nación para responder por la muerte de 49 civiles que participaban en protestas contra su Gobierno entre diciembre y enero, pero sus respuestas y su silencio no contribuyen a esclarecer la verdad.
Además, de acuerdo con fuentes cercanas a las diligencias, las preguntas que le formularon la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su adjunto Marco Huamán fueron sencillas, generales, sin profundizar en los detalles, por lo que no plantearon repreguntas.
Su abogado, Joseph Campos Torres, intervenía como una especie de intérprete que le aclaraba las preguntas que hacían los fiscales. También pretendió direccionar o reinterpretar las respuestas de Boluarte, lo que fue impedido por la fiscal de la Nación. Le dijeron que no podía hacer eso.
En otro momento, el representante de la Procuraduría advirtió que la presidenta parecía leer sus respuestas en unas hojas que llevaba consigo. Ante tal observación, Boluarte explicó que solo se trataba de unos apuntes con números y fechas de resoluciones que había llevado a la cita.
La fiscal de la Nación le prohibió leer o dar la impresión de que leía, a la vez que le explicó que sus respuestas debían ser espontáneas, de lo que recordara sobre los eventos que se están investigando.
La fiscal formuló unas 20 preguntas en total y luego anunció que cedía el interrogatorio a la Procuraduría y los abogados de las víctimas, como ha venido sucediendo en otros interrogatorios de este caso.
La Procuraduría y los abogados de las víctimas han podido preguntar y recibir respuesta a sus interrogantes con el afán de llegar a la verdad. Pero Boluarte guardó silencio absoluto, no volvió a hablar nada.
Joseph Campos explicó que la presidenta se acogió a su derecho al silencio porque, dijo, buscaban que la investigación fuera objetiva.Además, señaló que la Corte Suprema todavía no resuelve la apelación presentada por la Fiscalía contra la resolución del juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley de autorizar la participación de la Procuraduría y los abogados de las víctimas en la investigación y los interrogatorios.
